¿Qué es el Plan Patriota 2.0, la estrategia de seguridad que pactará De la Espriella con Estados Unidos?
La iniciativa fue anunciada desde el Pentágono, luego de la visita oficial del ministro de Defensa designado al secretario de guerra para asuntos del hemisferio.
Noticias RCN
07:54 p. m.
La nueva estrategia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia se llamará Plan Patriota 2.0 y se enfocará en recuperar el control territorial y responder a las amenazas que afectan la seguridad nacional.
Según el ministro de Defensa designado por el gobierno entrante, general (r) Jorge Mora, la estrategia tendrá como prioridad fortalecer la inteligencia, el sostenimiento de la flota de helicópteros y los sistemas de protección contra drones.
El anuncio de esta nueva fase de cooperación militar se dio luego de la reunión en Washington entre el general (r) Mora y el subsecretario de Guerra para asuntos de seguridad de las Américas, Joseph M. Humire.
¿Qué se busca con el Plan Patriota 2.0?
De acuerdo con Mora, este trato busca fortalecer las capacidades deterioradas durante los últimos años.
Sin embargo, expertos señalan que este plan debe tener una hoja de ruta definida, principalmente en temas de presupuesto, metas, coordinación con las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia, así como con las demás entidades de justicia y agencias de seguridad.
El fantasma del Plan Colombia
Aunque este plan se fundamenta en el diseño de la nueva política de defensa y seguridad del gobierno de De la Espriella, revive el fantasma del Plan Colombia iniciado en los 2000 entre ambos países y que tuvo como principal objeto modernizar las fuerzas de seguridad colombianas.
A pesar de que al principio el Plan Colombia había sido pensado como un modelo para el desarrollo socioeconómico del país; tras el asesinato de tres indigenistas estadounidenses por parte de las Farc en febrero de 1999, el objetivo se transformó en un plan de guerra para Estados Unidos.
Los recursos del Plan Colombia, que representaban 1.300 millones de dólares, fueron desembolsados en julio del 2000 y se dividieron 80% para fortalecer la capacidad operativa de la fuerza pública, y apenas el 20% en asistencia económica y social.
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