¿Qué papel juegan la CIDH y organismos multilaterales sobre la elección de fiscal en Colombia?

La elección de la nueva fiscal general de Colombia sigue incierta. Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, se disputan el cargo más importante de la Rama Judicial, pero en cinco ocasiones que han sido votadas, ninguna ha alcanzado el número requerido para ocupar el puesto.

Ante la demora del proceso y el nombramiento de Martha Mancera como fiscal encargada, distintos organismos multilaterales han hecho un llamado al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia para que haya celeridad en el proceso de elección del reemplazo del fiscal Francisco Barbosa.

En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, pidió a la Corte culminar “a la mayor brevedad posible” la elección de la próxima fiscal general en Colombia.

La CIDH advirtió que “la falta de designación de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano”.

En NoticiasRCN.com se analizó qué tipo de impacto podría tener en la institucionalidad el llamado de organizaciones internacionales y multilaterales como la CIDH y la ONU.

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La CIDH advierte debilitamiento del sistema de justicia en Colombia

La CIDH es la encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano y realiza un monitoreo constante de los países que hacen parte de la Carta de la OEA y los tratados interamericanos, entre ellos Colombia.     

De acuerdo con Andrés González Serrano, decano de la facultad de derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, indicó que el llamado de la CIDH busca “garantizar el debido proceso en Colombia, así como la importancia de evitar un posible debilitamiento del sistema de justicia”.

Sin embargo, el analista político Juan Falkonerth difiere de este argumento y señala que “Se están extralimitando de sus funciones y al hacerlo, están perdiendo legitimidad porque esa no es la naturaleza para que el sistema interamericano se pronuncie frente a decisiones de derecho doméstico como lo que está pasando en Colombia”.

Para González Serrano, el impacto que puede tener este pronunciamiento es que se genera un llamado para que la Corte Suprema de Justicia cumpla con su deber constitucional y una alerta a la sociedad civil y a los órganos de control para que hagan un seguimiento a este proceso en aras de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los preceptos constitucionales.

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El asedio a magistrados y periodistas desde la mirada internacional

En cuanto a los hechos ocurridos el pasado 8 de febrero, donde en medio de manifestaciones por la elección de fiscal en Colombia, periodistas y magistrados fueron asediados, González explicó cómo podría ser una eventual intervención de la CIDH:

La única acción internacional bajo el contexto actual que podrían incoar los magistrados y periodistas que han sido coartados en su función constitucional y convencional es con una medida cautelar.

“Sin embargo, no se cuenta con los elementos probatorios prima facie necesarios para impetrar la medida”, agregó el profesor derecho.  

¿La figura de fiscal encargado debilita el sistema de justicia?

“Tener un fiscal encargado no debilita el sistema de justicia porque no se han establecido plazos para la elección de fiscal, por lo que no se ha vulnerado la Constitución ni los derechos fundamentales”, aseguró Falkonerth.

Explicó, además, que cuando se accede al CIDH se deben agotar los recursos internos antes de acceder a la jurisdicción tanto de la Comisión como de la Corte. 

“Es un pronunciamiento lamentable, que esperaría que la CIDH se hubiera volcado a proteger a los funcionarios que estuvieron secuestrados, donde se orquestaron marchas en su contra y que su vida e integridad estuvo en peligro”.

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