Los 'peros' del Gobierno frente al informe de la CIDH sobre protestas

Tras conocerse la publicación por parte de las CIDH del informe emitido tras su visita de verificación a nuestro país, el Gobierno Nacional se manifestó para expresar su punto de vista frente a las recomendaciones emitidas por el organismo multilateral, señalando que reciben el informe “de manera constructiva”.

En su comunicado, el Estado colombiano afirma que “coincide con algunas observaciones contenidas en el documento, las cuales habían sido previstas por el Gobierno nacional”, pero advierte la existencia también de puntos de discordia.

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Según el Gobierno, aplauden el reconocimiento de la CIDH frente a la forma en la que las autoridades han privilegiado el diálogo en el contexto de la protesta social, pero advierte que algunas de las apreciaciones emitidas por el organismo internacional podrían tener consecuencias adversas, llamando a la responsabilidad de estos en medio de un contexto marcado por la crisis socioeconómica derivada de los escenarios que vive el país por cuenta de la pandemia de Coronavirus.

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En ese mismo sentido, el Estado se manifestó en desacuerdo con “la creación de un mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”, aduciendo que el Estado ya cuenta con una estructura institucional “robusta”, aclarando que, de igual modo, en el territorio nacional hacen presencia más de 20 agencias de Naciones Unidad, por lo cual no se hace necesario crear un nuevo organismo para tal fin.

Sobre una de las propuestas que más genera controversia y reacciones, la de separar a la Policía de la estructura del Ministerio de Defensa, el Gobierno recordó que esa discusión ya se dio en el marco de la constituyente, advirtiendo que fue esta la que determinó que debía seguir vinculada a mencionada cartera.

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“La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, aclara el Gobierno.

De igual modo, el Gobierno del presidente Duque rechazó las recomendaciones hechas por la CIDH en materia de uso de la fuerza afirmando que en Colombia de las 14.390 marchas presentadas en los últimos meses, solamente se ha intervenido, por parte de la Policía, en el 11% de estas, advirtiendo que esto ha derivado de escenarios que lo han requerido.

“El Gobierno del presidente Iván Duque es respetuoso y garante de la protesta pública pacífica, que no puede, bajo ningún motivo, estar sujeta al vandalismo, al caos y la destrucción de los bienes de los colombianos”, aclaran, a la vez que advierten que la Policía no hace uso de armas de fuego, y que solamente disponen de algunas armas no letales que se usan de forma exclusiva cuando terceros amenacen con violar o afectar la protesta Social.

En ese mismo sentido, sobre la actuación del Esmad, el Gobierno aclara que este escuadrón solo entra en operación cuando se supera las capacidades de la fuerza disponible, advirtiendo que en esos casos tampoco podrá hacerse uso de armas de fuego.

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Sobre el particular también indicó que el arma denominada Venom puede ser legítimamente usada en cuanto responda a los protocolos, y regulaciones prestablecidas.

En su comunicado, el Gobierno Nacional también se manifestó extrañado por las recomendaciones hechas en torno a los procedimientos conocidos como “traslado por protección”, afirmando que estos no han sido empleados en el país para dar pie a hechos ilegales y advirtiendo que “el Estado colombiano no tolera, no es indiferente ni permitirá que haya impunidad en aquellos casos en que las autoridades judiciales competentes comprueben casos de tortura, desaparición o violencia sexual”.

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El Gobierno también manifestó no estar de acuerdo con lo que la CIDH denomina como “cortes de ruta”, aspecto sobre el que la entidad advierte que no deben ser considerados ilegales en el marco de la protesta, y recordaron que en el caso de lo que vive recientemente el país, “los bloqueos ponen en riesgo la vida, salud y subsistencia de los ciudadanos, así como la estabilidad de una Nación, al amenazar la libre movilidad y el suministro de alimentos y medicinas”.

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