Registraduría dice que altas Cortes deben definir el futuro de la consulta popular

Durante la mañana de este martes 17 de junio, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a la reciente polémica que ha surgido por la consulta popular.

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Penagos aseguró que "es clara y evidente la controversia jurídica entre el ejecutivo y legislativo y lo que procede en esta controversia que no tiene precedentes ni antecedentes en la historia del país".

Adicional a esto, indicó que "lo correcto y pertinente en esta controversia es dejar en manos de las altas Cortes para que decidan si continuamos o no con la consulta popular" y pidió que sean estas las que, de manera ágil y rápida, decidan sobre las múltiples demandas que están en la Corte y el Consejo de Estado.

"Es muy importante para el país que, rápidamente, alguna de estas cortes tome decisiones de fondo que nos permitan saber hacia dónde conducirnos, insisto, no solamente para la convocatoria o una consulta, sino para evitar una ruptura institucional en el país", dijo.

También aseguró que la Registraduría iniciará una actuación administrativa en la que solicitará un pronunciamiento de las autoridades a las que les compete el tema y que, además, pedirá un concepto ante el Consejo de Estado.

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Entretanto, insistió en que la consulta podría tener un costo de $750.000 millones, lo que considera una inversión bastante alta y que, incluso, hay muy poco tiempo para la planificación.

"La Registraduría para convocar esta consulta debe construir todo un presupuesto de 750.000 millones de pesos. Verán ustedes que se trata de una cifra muy importante respecto de la que hay que ser prudentes. No es correcto que la Registraduría comprometa el dinero que en el futuro pueda representar un detrimento patrimonial para el Estado", añadió.

"De hoy a la fecha de convocatoria de la respectiva consulta popular hay cerca de 53 días y yo debo decirles que materialmente no es posible realizar todos los procesos de planeación y logísticos. Mínimamente, la Registraduría requiere alrededor de tres meses como lo determina la Constitución y la ley si queremos sacar adelante de manera íntegra la consulta", explicó.