Representante electo es denunciado por presuntas irregularidades en su campaña

La Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una denuncia penal contra Diego Caicedo, representante electo por el Partido de la U, por presunta financiación de su campaña con fuentes prohibidas y peculado por apropiación.

Denuncia penal contra funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca

En la denuncia penal figuran altos funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca: la secretaria de Agricultura, Viviana Andrea Pulido; la secretaria de Minas, Olga Janneth Ramírez; un funcionario de la Contraloría Departamental y hasta el alcalde del municipio de Fúquene, Fabio Domingo Cortés.

“En mi condición de presidente de la Red Colombiana de Veedurías he presentado denuncia contra Diego Caicedo, representante electo por el departamento de Cundinamarca, apoyado descaradamente por funcionarios públicos en su campaña a la Cámara, financiado presuntamente con fuentes prohibidas de la Gobernación”, dijo Eduardo Padilla.

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Las pruebas contra Diego Caicedo

La denuncia está acompañada de audios, videos y documentos oficiales de la Gobernación departamental que dan cuenta de entrega de kits ganaderos, mercados campesinos, distritos de riego, insumos, semillas y otra serie de elementos que harían parte de acuerdos político-electorales para favorecer la campaña a la Cámara de Diego Caicedo.

Entre las pruebas anexadas a la denuncia penal figuran fotografías, chats y testimonios de personas beneficiadas que fueron conminadas a votar por Caicedo el pasado 13 de marzo.

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En los documentos entregados a la justicia hay evidencias sobre un evento realizado en febrero de este año convocado por la Alcaldía de Fúquene, al cual asistieron unas 500 personas y donde fueron entregados equipos y maquinarias a los campesinos de la región.

Caicedo es hijo del excongresista José Edilberto Caicedo, conocido como 'el Pájaro', quien tuvo que renunciar a su curul hace un año luego de que la Corte Suprema de Justicia dictara una medida de aseguramiento en su contra y dispusiera medida de detención domiciliaria por delitos de corrupción cuando se desempeñó como alcalde de Zipaquirá en 2007.

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Hasta el momento la denuncia fue radicada formalmente en la Fiscalía que deberá indagar si existe merito para empezar la investigación, y también definir si cuando se posesione el congresista el caso pasa a la Corte Suprema de Justicia al adquirir la calidad de congresista.