Rifirrafe Gobierno – Lara frente a proyecto para flexibilizar penas a mujeres cabeza de familia

Indignación ha generado en algunos sectores políticos la objeción presentada por el presidente de la República, Iván Duque, al proyecto de ley, aprobado en el Congreso de la República, con el que se buscaba abrir a la imposición de penas alternativas, a algunos casos en los que las sentenciadas eran madres cabeza de familia que habían cometido delitos no violentos.

La objeción a la ley fue presentada por el Gobierno en momentos en que ya había pasado a la etapa de sanción presidencial, a través de una carta, dirigida a la mesa directiva del Congreso, en la que señala que esta “va en contravía de la obligación del Estado” en términos sancionatorios de conductas indebidas y criminales.

De acuerdo con el Gobierno, este proyecto pone en “inminente peligro los intereses superiores del Estado”, manifestando oposición a que este proyecto de penas alternativas termine siendo aplicado a penas de entre 6 y 8 años de prisión. De igual modo afirma que este cambio en el régimen sancionatorio genera un “incentivo perverso para la comisión continuada” de delitos.

En su solicitud, el Gobierno también pide que esta imposición de medidas alternas pueda ser traspolada a casos similares don de la cabeza de familia (única) corresponde a hombres.

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En respuesta, el senador Rodrigo Lara, promotor y autor de la iniciativa, se pronunció para cuestionar la objeción emanada del Gobierno.

Para Lara, es “grotesco que el gobierno objete ley de penas de utilidad pública a mujeres pobres, cabeza de hogar que cometan por 1ra vez delitos menores sin violencia”, y advierte que el proyecto, ya había obtenido el visto bueno por parte del Consejo de Política Criminal, con lo cual el presidente estaría desconociendo a dicho órgano.

Según Lara, lo hecho por el gobierno es “absurdo”, y reitera que el proyecto, centro de la polémica, había sido planteado para responder a “uno de los eslabones más débiles de la sociedad colombiana”, recordando que este planteaba la posibilidad de que las penas carcelarias pudieren ser cambiadas por trabajo de utilidad social que a la vez impidieran que, con el envío a la cárcel de las mujeres, quedaran desamparado sus hijos.

“En últimas lo que busca es proteger a los menores de edad”, reitera Lara.

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De igual modo, el senador Lara afirma que es incomprensible que el proyecto haya sido objetado por iniciativa del Centro Democrático cuando tres de sus senadores aparecen como autores: Paloma Valencia, Santiago Valencia y María Fernanda Cabal, y recordando que, durante el trámite de este en el Congreso, no obtuvo votos negativos.

“Es incomprensible que un gobierno con posiciones tan suaves e ineficaces contra el gran narcotráfico vengan a presentarse tan duro y rudo contra unas pobres mujeres solas, con hijos, y que han cometido pequeños delitos justamente para alimentar a sus familias”, señala el legislador, señalando que la objeción “habla muy mal de su filosofía y su forma de enfrentar los problemas de la sociedad colombiana”.

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Ante el proceso que sigue tras la objeción, el envío a la Corte Constitucional, Lara se manifestó confiado en que salga airoso.

Otras voces:

Por su parte, desde la oposición, la congresista Juanita Goebertus, también manifestó su descontento frente al actuar del presidente y señaló que el proyecto objetado era producto del trabajo académico.

La congresista advierte que muchas veces, cuando las madres cabeza de familia son enviadas a la cárcel, sus hijos quedan desescolarizados, vinculados al consumo de drogas y alcohol, y algunas veces inmiscuidos también en la criminalidad.

Goebertus también resaltó que el proyecto había contado con el visto bueno de la Fiscalía y señaló que frente a la propuesta de que el beneficio sea abierto eventualmente a casos de hombres solos cabeza de familia, esto puede abrirse a discusión, advirtiendo que para ello no era necesario entorpecer el proyecto, señalando que este es “fundamental para la lucha contra los efectos intergeneracionales del delito”.   

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