Soldados responsables de violación de niña indígena no podrán recibir beneficios en su pena

Luego de que los siete soldados señalados en el caso de violación sexual contra una niña de la comunidad indígena Embera de Risaralda se allanaran a los cargos que les fueron imputados, y reconocieran su responsabilidad en el reprochable acto, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación señalaron que el grupo de hombres no podrá ser cobijado por ningún tipo de beneficios.

Según Carmen Torres, directora de Fiscalías para Seguridad Ciudadana, “en los casos de delitos contra nuestros niños no existe beneficio alguno”, confirmando que la Fiscalía solicitó a las autoridades judiciales que los soldados responsables sean castigados con una pena que podría alcanzar máximo los 30 años de prisión.

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La funcionaria explicó que los uniformados no fueron imputados por el delito de acceso carnal violento contra menor de 14 años, en tanto, en el momento de la solicitud de imputación ante un juez, no contaban con los elementos necesarios, realizando la solicitud, basados en el material probatorio disponible en dicho momento, aclarando que las penas derivadas de los dos delitos son similares.

Los uniformados permanecen recluidos en el Batallón San Mateo de Pereira a espera de recibir sentencia por parte de un juez de conocimiento en la ciudad de Pereira.

Por su parte, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, se acercó a la comunidad indígena en la localidad de Pueblo Rico, Risaralda, para expresar su solidaridad y rechazar el repudiable acto.

Zapateiro confirmó que los siete uniformados culpables del caso de abuso sexual contra la menor Embera ya fueron retirados y desvinculados de la institución castrense.

A su turno, la madre de la menor indígena solicitó a su vez justicia por parte del Estado colombiano, a la vez que una indemnización por el daño hecho a la niña.

Autoridades indígenas señalaron que la menor se encuentra muy afectada con los hechos, y anunciaron que será practicado un ritual de sanación conforme a sus creencias ancestrales.

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A su turno, y en el marco del proceso de restablecimiento de derechos a la menor, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la comisaría de familia de Pueblo Rico, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (ONIC) denunció que dicho proceso no tenía en cuenta el enfoque étnico que ameritaba el trámite, elevando a su vez la solicitud de que la menor sea entregada a su familia, y no a un hogar de paso del ICBF.

La ONIC denuncia que la separación de la menor de su familia y su comunidad “agrava aún más la afectación de sus derechos”.