Supersalud se reúne con los interventores de las EPS por denuncias de pacientes y corrupción con las IPS
Revelaciones sugieren que las IPS deberían pagar comisiones irregulares a las EPS para que aceleren el pago de su deuda.
Noticias RCN
08:03 p. m.
En su primera reunión, como nuevo superintendente de salud, con los distintos interventores de las EPS, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle prometió controles más estrictos y una agenda que estableció nuevas prioridades:
1. “Cero tolerancia con la corrupción y” 2. “Acción penal inmediata cuando se ponga en riesgo la atención de niños y niñas”.
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¿Están recibiendo comisiones ilegales las EPS para acelerar el pago de sus deudas?
De acuerdo con un informe sobre la reunión, a la Superintendencia han llegado denuncias de personas que advierten que las entidades promotoras de salud (EPS) estarían recibiendo comisiones irregulares del 7% al 20% de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (clínicas, hospitales, laboratorios, etc.) para acelerar el pago de sus deudas.
Al respecto, la entidad señaló que quienes “tengan información y no la reporten, se vuelven cómplices. Estos hechos deben ser llevados ante las autoridades (…) quienes participen o encubran estas prácticas se enfrentarán a consecuencias penales con los respectivos órganos de control”.
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La atención de niños y niñas no puede estar sujeta a los trámites administrativos:
Otro tema sobre el que Quintero Calle habría hecho énfasis en la reunión son las fallas en la atención de niños y niñas que habrían provocado, entre otras, la muerte del pequeño Kevin Acosta, de siete años.
Para asegurar la atención oportuna y la atención de casos prioritarios, la Supersalud habría habilitado una línea directa entre los agentes interventores y la oficina de Quintero Calle, que insistió, a través de la entidad, en que:
“Ningún niño puede esperar. Cuando se detecten fallas en la prestación de servicios a menores de edad, se trasladará la información a las autoridades competentes para que de inmediato se tomen acciones penales contra los responsables (…) la vida y la salud de los niños están por encima de cualquier trámite administrativo”.
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