Transmilenio pierde más de $9 mil millones por reventa de pasajes

La reventa de pasajes en Transmilenio y el Sistema de Transporte Urbano de Bogotá (SITP) se configura como un hecho de corrupción que afecta los recursos de todos los bogotanos pues al año se dejan de percibir $9.650 millones de pesos. 

Desde el 2018, Transmilenio ha bloqueado 3.340 tarjetas y el fraude se realiza con los subsidios y transbordos que ofrecen las tarjetas a los usuarios. 

El truco está en las tarjetas, cuando el usuario paga 2.000 pesos por ese pasaje, un valor que ya está por debajo de la tarifa real y que le significa un descuento, el revendedor pasa una de las muchas tarjetas que lleva consigo. 

Entre los tipos de tarjetas utilizadas por los revendedores se cuentan las que poseen beneficios para personas en condición de discapacidad, adultos mayores o usuarios del Sisben. También están las que simplemente ya se habrán pasado varias veces y solo descuentan transbordos entre cero y 200 pesos que, de cualquier manera, ya representan una ganancia para el revendedor.

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De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, las conductas relacionadas con la venta irregular de pasajes están prohibidas por el Manual del Usuario de TransMilenio, y se identifican como venta informal de viaje por personal no autorizado, fraude a subsidios, venta de pasajes con tarifas diferenciadas y reventa de viajes por medio de transbordos.

En el último año, la Policía decomisó más de 1.800 tarjetas e impuso 245 comparendos a los revendedores. Hoy, el 72 % de las tarjetas que se usan en el sistema están personalizadas y gracias a eso se ha logrado reducir el fraude mientras los titulares de las mismas han sido sancionados sin beneficios por seis meses. 

Según Transmilenio, en el último semestre ha habido una reducción del 74 % en este tipo de fraude. La entidad ha solicitado a su operador, Recaudo Bogotá, la identificación de aquellas tarjetas con un uso exagerado y su bloqueo inmediato, pero al mismo tiempo ha pedido al Distrito, a la Secretaría de Seguridad y a la Policía, que ejerza controles sobre quienes revenden los pasajes para evitar así que esta práctica de corrupción continúe en las calles.