Transportadores reportan millonarias pérdidas por alteraciones del orden público

Millonarias pérdidas ha representado para los camioneros y transportadores la situación de orden público que se vive hoy en departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar y Atlántico, tras los ataques perpetrados por el grupo criminal Clan del Golfo en respuesta a la extradición de su máximo cabecilla, alias Otoniel.

Según Colfecar, gremio de transportadores y logísticos, las pérdidas de estos días ascienden a más de $13 mil millones, pues la situación ha implicado restricciones en la movilidad, amenazas, ataques a la integridad de los conductores y daños materiales en los vehículos usados, esto sin contar las pérdidas de carga.

Frente a esto, la organización gremial ha rechazado enfáticamente los hechos de violencia y los actos terroristas que han afectado, hasta el momento, a cerca de 32 vehículos, entre camiones y tractomulas, que han sido incinerados en vías principales y secundarias del país.

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“Confiamos en que aparte del cubrimiento de la póliza de terrorismo que deben tener nuestros transportadores también se refuercen las acciones de acompañamiento del ejército y la policía en las caravanas que se han programado para garantizar la movilidad por las diferentes carreteras del país”, señaló Nidia Hernández Jiménez, presidente ejecutiva de Colfecar.

Garantías de seguridad para transportadores

Entretanto, Hernández hizo un llamado al Gobierno Nacional para vincular a los transportadores a caravanas que garanticen su seguridad en medio de los viajes, así como la protección de los automotores que son su medio de trabajo.

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Cabe recordar que uno de los conductores, identificado como Giovanni Grandas Torres, fue asesinado mientras se movilizaba por la vía Bosconia. Además, varios más se encuentran en grave estado de salud debido a las heridas causadas por sus victimarios.

Se espera que el ministro de Defensa, Diego Molano, así como las autoridades pertinentes, tomen el control de la situación y adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la vida de los conductores y de la población civil.

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