Fiscalía imputó a tres personas implicadas en escándalo de Richard Aguilar

Tres imputaciones fueron informadas por la Fiscalía General de la Nación, en el caso de corrupción relacionado con el reforzamiento y adecuación del estadio de fútbol Alfonso López y la villa olímpica de Bucaramanga, Santander.

Paula Marcela Moreno, representante legal de la unión temporal a la cual se adjudicó el contrato para las adecuaciones; y los subcontratistas Ivy Xiomara Suárez y Andrés Julián Ulloa, fueron presentados ante un juez de control de garantías como responsables de las presuntas irregularidades en la ejecución de las obras contratadas durante el periodo del exgobernador de Santander, Richard Aguilar.

Según lo señalado por la Fiscalía, estas tres personas habrían participado en la elaboración de 21 órdenes de giro, 12 cuentas de cobro y una factura de venta por actividades que no fueron ejecutadas.

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Asimismo, se encontró que los contratistas habrían sido reconocidos por la Gobernación de Santander, valiéndose de documentación irregular y soportes para recibir el dinero del anticipo para las obras. Estas maniobras habrían “permitido la desviación y apropiación de recursos por parte del contratista, particulares y funcionarios”.

La imputación fue por el delito de falsedad ideológica de documento privado, la cual fue aceptada por los implicados.

Detalles e involucrados en el caso

El escándalo de contratación que ha enlodado al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, asciende a los $29.700 millones, suma que debía ser destinada para la adecuación  de los escenarios de la villa olímpica de Bucaramanga.

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En el caso, la Fiscalía imputó el pasado 18 de mayo, a Édgar Fabián Báez, arquitecto contratista; Ana Lucía Wandurraga, supervisora del contrato; y a Sergio Andrés Pitta, exasesor jurídico de la Secretaría de Infraestructura de Santander, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y conclusión.

Además, se determinó que estas personas habrían filtrado información reservada y asesorado de manera ilegal al contratista durante el proceso de estructuración de condiciones. Finalmente, se estableció que omitieron y dilataron los procesos de sanción por incumplimiento.

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