¿Un nuevo paso hacia la paz total? Congreso aprobó la ley de orden público
La extradición, que las ONG tengan contacto con grupos armados y los diálogos con las disidencias, son los puntos que más llaman la atención del proyecto.
Noticias RCN
09:48 p. m.
Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de Ley de Orden Público, que es base del marco legal para implementar la llamada “paz total”. Esta iniciativa le permitirá al Gobierno adelantar negociaciones con estructuras criminales que tengan una vocación política, como ocurre con el ELN y las disidencias de las Farc, para lograr que estas se acojan a la ley.
Hay varios puntos que tienen los ojos encima. El primero, el tema de la extradición; el segundo, que las ONG puedan tener contacto con los grupos armados; el tercero, la posibilidad de entablar diálogos con las disidencias, un tema que ha generado bastante polémica, especialmente por parte de quienes consideran que estas estructuras ya tuvieron una oportunidad en 2016, e incumplieron.
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El proyecto también toca puntos como la creación de regiones de paz en municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, en las regiones golpeadas por el conflicto y con presencia de organizaciones criminales. Con el cumplimiento de esta medida se plantea priorizar la inversión, pero además crear un servicio social que complementará el servicio militar obligatorio.
El servicio social funcionaría de la siguiente forma según el documento: tendría una duración de 12 meses, se realizaría promoviendo la alfabetización digital y el trabajo con víctimas del conflicto, y también implicaría aplicar la protección de la naturaleza y la diversidad.
Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde, afirmó que “los acuerdos parciales permitirán, entre otras cosas, que arranque el próximo año, ojalá, después de una mesa técnica, un cese al fuego multilateral”.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfonso Prada, les hizo un llamado a los grupos armados ilegales: “Van a tener que poner de su parte, empezando por el cese de hostilidades a la población civil”.
En casos como el de Iván Márquez habría un tratamiento diferencial, con negociación de paz y sometimiento. “Ellos no pueden tener beneficios y deben ir a la justicia ordinaria”, manifestó Alirio Uribe, representante a la Cámara del Pacto Histórico.
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