UNP investiga presunto ataque contra magistrado de la JEP en Medellín

La Unidad Nacional de Protección (UNP) adelanta investigaciones por el presunto atentado del que habría sido objeto un magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Medellín.

Al parecer, una de las camionetas que hacen parte del esquema de seguridad del togado, fue blanco de un impacto de arma de fuego. El hecho se perpetró en contra del magistrado auxiliar de la JEP, Hugo Escobar Fernández.

A través de Twitter, la UNP confirmó que ya fue solicitado a las autoridades iniciar las pesquisas para esclarecer y precisar la forma en la que se dio el aparente ataque.

Sobre los detalles de lo sucedido, la entidad informó que todo ocurrió en el exclusivo sector de Medellín del Poblado, minutos después de que el vehículo asignado para el esquema de protección del togado lo dejara en su lugar de domicilio.

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Adicionalmente, la Unidad indicó que no se registraron heridos ni personas afectadas. No obstante, pidieron extremar las medidas para proteger la integridad del magistrado de la justicia especial.

Por su parte, la Fiscalía anunció el inicio de la investigación correspondiente para determinar quién está detrás de las intimidaciones a los funcionarios del tribunal especial.

Amenazas a magistrados de la JEP

Hace varias semanas, magistrados de la JEP y diversos sectores rechazaron las amenazas en contra de Alejandro Ramelli y Hugo Escobar, los togados que adelantan las investigaciones por los casos de ejecuciones extrajudiciales en Dabeiba, en el departamento de Antioquia.

En ese momento se señaló al Clan del Golfo de estar tras estas intimidaciones a los funcionarios judiciales.

En las denuncias, los magistrados contaron que habían recibido un arreglo fúnebre y mensajes de WhatsApp con advertencias, por lo que la JEP emitió un comunicado pidiendo a las autoridades investigar a fondo el origen de estos hechos.

La Fiscalía asumió las investigaciones a través de un grupo especializado en contra de las amenazas y tomó contacto con los dos funcionarios judiciales para conocer detalles sobre el origen de las intimidaciones.

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