Juez atribuye una presunta responsabilidad del Estado en el atentado contra Miguel Uribe
Durante la audiencia contra alias El Costeño, el juez de control de garantías aseguró que la UNP habría incurrido en un posible prevaricato, al no atender las solicitudes de protección de Uribe Turbay.
Noticias RCN
01:49 p. m.
En una audiencia clave dentro del proceso por el atentado fallido contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el juez reveló que la Unidad Nacional de Protección (UNP) podría haber incurrido en el delito de prevaricato por omisión.
Esto sería por no tomar las medidas necesarias para garantizar la vida del dirigente político.
Juez dijo que UNP tendría responsabilidad en el atentado contra Miguel Uribe
Este pronunciamiento se dio en medio de la imputación de cargos a alias El Costeño, también conocido como ‘Chipi’, quien fue señalado como el determinador del ataque.
Según las palabras del juez, el Estado, y específicamente la UNP, habrían incurrido en una omisión grave al no fortalecer el esquema de protección de Uribe, pese a múltiples advertencias formales sobre los riesgos que enfrentaba.
Dejar constancia de la presunta responsabilidad o de la posible configuración del delito de prevaricato por omisión contenida en el artículo 414 del Código Penal, por parte de las autoridades administrativas encargadas de la seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, específicamente de la Unidad Nacional de Protección.
El despacho judicial advirtió que este tipo de omisiones por parte de entidades del Estado no solo debilitan la protección a líderes políticos, sino que además pueden generar efectos colaterales graves, al contribuir con la polarización, la estigmatización y el hostigamiento.
Había 20 solicitudes para mejorar el esquema de protección de Miguel Uribe
Desde la defensa de Miguel Uribe, el abogado Víctor Mosquera había alertado previamente sobre la falta de garantías.
Según explicó, se radicaron más de 20 solicitudes formales dirigidas al director de la UNP, Augusto Rodríguez, en las que se pedía incrementar el nivel de seguridad del senador, quien aspiraba a la Presidencia de la República.
Al candidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, no le dieron la protección adecuada. Hubo mezquindad por parte de esa entidad respecto a su seguridad.
La audiencia también sirvió para dejar en evidencia que, pese a la insistencia del equipo jurídico del senador, no hubo respuesta efectiva por parte de la UNP.
Según la defensa, se omitieron acciones concretas, pese a que existían elementos que advertían una amenaza real y creciente.
Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato. Hubo falta de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos.
Estos detalles dejan ahora una puerta abierta para que se investigue si hubo responsabilidad penal por parte de funcionarios públicos al desatender su deber de protección frente a un riesgo advertido.
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