¿Va o no la Ley de Garantías? El limbo jurídico de cara a las elecciones

Un limbo jurídico es el que se ha originado tras la decisión de una juez administrativa de frenar la aplicación de la Leyque permite a los entes territoriales como  Alcaldías y Gobernaciones suscribir contratos interinstitucionales en época prelectoral, como parte del levantamiento de la llamada ley de garantías.

Con esta decisión, si bien el presidente Duque puede sancionar la ley marco en la que se incluye tal abolición, esta da un espacio de 30 días sin que pueda aplicarse, dando tiempo así para que la Corte Constitucional pueda pronunciarse al respecto.

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Tras la decisión de la juez, múltiples reacciones encontradas se han emitido desde las diferentes orillas políticas.

Mientras que para el representante Edward Rodríguez del Centro Democrático, dicha decisión está por fuera de la Constitución, y advierte que pedirá que la actuación judicial sea investigada por el Consejo de disciplina judicial, para el senador Guillermo García Realpe, es plausible que la acción judicial ponga pausa a un “adefesio”, como calificó a la reforma de la Ley de garantías.

García Realpe elevó un llamado al presidente de la República para que objete la ley que permitiría levantar la ley de garantías.

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