4x1000 en Colombia: las dos propuestas que cambiarían el cobro por mover su dinero
Una propuesta busca eliminarlo en ocho años y otra plantea eximir del cobro las transferencias entre cuentas del mismo titular.
Noticias RCN
07:43 p. m.
Mover dinero de una cuenta propia a otra puede generar un cobro, incluso cuando los recursos siguen en manos de la misma persona. Esa situación abrió una de las discusiones del Seminario Fintech Colombia 2026, en Bogotá, donde representantes del sector financiero y del Congreso plantearon cambios al 4x1000.
El punto de partida es fiscal. Según cifras de la DIAN citadas en el encuentro, el gravamen recaudó $16,2 billones en 2025. Ese monto explica por qué las propuestas de desmonte también deben responder qué pasaría con los ingresos del Estado a medida que baje la tarifa.
¿Cómo se eliminaría el 4x1000 en ocho años?
Colombia Fintech plantea reducir el impuesto en medio punto por mil cada año. Si se aprobara ese esquema, la tarifa pasaría de cuatro a 3,5 pesos por cada mil en el primer año y llegaría a cero en el octavo. El gremio también pidió aplicar la exención consolidada prevista en la Ley 2277 de 2022.
Gabriel Santos, presidente ejecutivo del gremio, sostuvo que el cobro desalienta los pagos digitales y estimó que encarece el crédito en unos 60 puntos básicos. Para compensar la caída del recaudo, propuso recortar el gasto público.
¿Qué pasaría con los traslados entre cuentas propias?
El representante a la Cámara por Bogotá, Daniel Briceño, impulsa un proyecto para eximir los movimientos entre cuentas y productos financieros de un mismo titular, sin importar el monto, el número de cuentas o la entidad. La medida facilitaría el manejo de recursos para independientes, comerciantes y pequeñas empresas que operan con varios bancos.
El debate también pasó por los costos del efectivo. Gustavo Vega, presidente de ACH Colombia, señaló que su custodia, transporte y seguridad también representan gastos para los negocios. Las propuestas discutidas siguen dejando abierta una decisión fiscal sobre cuánto recaudo podría ceder el Estado en cada etapa del desmonte.

