Así castigaría la ley a quienes usen las plataformas como Uber o DiDi: pilas a la advertencia

Lo que comenzó como un debate sobre la regulación de servicios como Uber, DiDi o Cabify, se ha transformado en un endurecimiento legislativo sin precedentes. El Proyecto de Ley 347 de 2026, radicado recientemente por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, propone un esquema sancionatorio que, busca la eliminación de este modelo de negocio en el país.

El punto más polémico de la iniciativa radica en la cuantía de las multas. De ser aprobado, tanto conductores como usuarios podrían enfrentar sanciones económicas de hasta $4,7 millones por cada servicio prestado o utilizado.

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Este monto representa un incremento exponencial frente a las multas actuales, que rondan los $1,3 millones bajo la infracción D12 del Código Nacional de Tránsito.

Así castigaría la ley a quienes usen las plataformas como Uber o DiDi

El proyecto no se limita a castigar a quienes están dentro del vehículo. La propuesta extiende la responsabilidad a actores que antes se consideraban ajenos a la operatividad directa de las apps:

• Conductores: Las inmovilizaciones pasarían de los actuales 5 días (en primera instancia) a 60 días en el primer registro, 90 días en el segundo y hasta 120 días en el tercero.
• Propiedad Horizontal: Administradores de conjuntos residenciales, edificios y centros comerciales que "promuevan o permitan" el parqueo o recogida de pasajeros podrían ser multados con hasta $726 millones (60.000 UVT/UVB).
• Empresas Tecnológicas: Si la ley no fija una sanción específica para una infracción, la Superintendencia de Transporte podría imponer multas de hasta $2.179 millones a las plataformas.

El Gobierno Nacional defiende la iniciativa argumentando la necesidad de proteger el transporte formal (taxis) y garantizar la seguridad de los usuarios bajo un marco de legalidad estricta. Según el Ministerio de Transporte, el objetivo es "nivelar la cancha" y asegurar que todo prestador de servicio de transporte cumpla con los requisitos de seguros y habilitaciones vigentes.

A pesar de la contundencia del proyecto, la presión social y gremial ya ha empezado a surtir efecto. En las últimas horas, se ha reportado que el Gobierno podría estar considerando el retiro temporal de algunos artículos para entrar en una fase de concertación.

Sin embargo, la amenaza de las multas millonarias por cada servicio sigue siendo el eje central de una batalla legal que definirá si Colombia se suma a la modernización digital o se cierra a ella.