Crisis en reconocido colegio de Bogotá: deudas superan los $63.000 millones y Supersociedades investiga sus activos
Acreedores y Supersociedades alertan por presuntas inconsistencias en sus activos.
Noticias RCN
09:29 p. m.
El Colegio Refous Roland Jeangros S.A.S. se encuentra en el centro de un complejo debate jurídico y financiero en Colombia. La institución educativa, junto a sus socios, fue admitida recientemente en un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006 ante la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades).
Sin embargo, lo que inicialmente se planteó como un salvavidas financiero ha encendido las alarmas debido a un pasivo acumulado que ya supera los $63.000 millones de pesos.
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El caso ha abierto una fuerte disputa entre las directivas del plantel, los cientos de acreedores afectados y las familias que temen por el futuro académico de sus hijos.
Las "sospechas" financieras que indaga la Supersociedades
El principal foco del litigio radica en presuntas inconsistencias dentro de la información financiera entregada por los deudores a la autoridad competente. Según el expediente, en la relación de activos presentada por el colegio aparecían bienes inmuebles cuya titularidad no correspondería realmente a la sociedad.
Además, los demandantes señalan una marcada ausencia de documentos y soportes contables que permitan verificar a fondo los datos suministrados.
Aunque la administración del Colegio Refous sostiene que no reportó dichos terrenos como propios —argumentando que solo identificó las matrículas inmobiliarias del terreno donde opera la planta física—, el equipo jurídico de los acreedores considera que esta explicación no resuelve las dudas técnicas.
Para varios de los afectados, las constantes aclaraciones de la institución educativa podrían ser parte de una estrategia para dilatar la revisión de activos y retrasar las decisiones de la reorganización empresarial.
¿Apropiación o recuperación legítima? Hablan los acreedores
Ante las declaraciones de directivos y personas allegadas al colegio, quienes han señalado que los acreedores buscan "apropiarse" de los terrenos y afectar la operación del colegio, el equipo legal de las empresas afectadas desmintió categóricamente un intento de despojo.
El abogado Carlos Ramírez, apoderado de Estructuración (una de las compañías impactadas por el impago), aclaró que la ejecución de garantías es un ejercicio estrictamente técnico y legítimo de recuperación de cartera:
"Cualquier acreedor que enfrenta un incumplimiento prolongado está facultado para acudir a las herramientas que le otorga la ley para proteger su crédito. Lo que se busca es recuperar el dinero que se prestó de buena fe, no quedarse con bienes de manera caprichosa. Ese nunca fue el objeto del negocio jurídico celebrado".
En el marco del derecho concursal en Colombia, si los bienes que respaldan la operación de una empresa pertenecen a terceros y no al deudor, la viabilidad de un acuerdo a largo plazo se debilita drásticamente, aumentando el riesgo de una liquidación judicial inminente.
Padres de familia cuestionan la "normalidad" de las directivas
La incertidumbre también se trasladó a los pasillos del colegio. En una reciente reunión convocada por las directivas, la administración aseguró a los padres de familia que la situación financiera está "bajo control", que los activos están blindados y que el año escolar no corre peligro. Incluso, se anunciaron planes de bilingüismo y la eventual implementación del Bachillerato Internacional (IB).
Sin embargo, las promesas de internacionalización no calmaron los ánimos. Diversas fuentes vinculadas al proceso advierten que la versión oficial no refleja la realidad del expediente. Expertos consultados recuerdan que acogerse a la Ley de Insolvencia es, por definición, aceptar una crisis financiera severa que requiere vigilancia estatal.
Por ahora, el juez del concurso ha solicitado de manera reiterada información complementaria al Colegio Refous, advirtiendo sobre las consecuencias legales de mantener la falta de claridad en sus estados financieros. Cientos de acreedores, que van desde entidades bancarias hasta pequeñas y medianas empresas con flujos de caja congelados, siguen a la espera de una verdadera transparencia.
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