¿Cómo hacer un testamento en Colombia y qué requisitos debe cumplir?
¿Cómo saber si un testamento es válido para reclamar una herencia? Atento a estos requisitos.
Noticias RCN
01:09 p. m.
Encontrar una carta firmada por un familiar en la que promete entregar una casa, dinero u otros bienes no garantiza recibirlos después de su muerte. En Colombia, para que esa voluntad tenga validez como testamento debe cumplir formalidades específicas que van más allá de una firma o una autenticación notarial.
La diferencia puede ser determinante cuando varios familiares reclaman una herencia o cuestionan la distribución de una propiedad. Un documento privado puede servir como prueba de una manifestación de voluntad, pero no se convierte automáticamente en un testamento válido.
La autenticación ante notario acredita la identidad de quien firma, pero no reemplaza el procedimiento establecido por la ley para otorgar un testamento. Por eso, antes de reclamar una vivienda o aceptar acuerdos familiares, es necesario verificar qué tipo de documento dejó la persona fallecida y si cumple los requisitos legales.
¿Qué requisitos debe cumplir un testamento en Colombia?
El Código Civil contempla dos modalidades principales de testamento solemne: abierto y cerrado. Cada una tiene formalidades diferentes.
En el testamento abierto, la persona manifiesta públicamente su voluntad ante un notario y tres testigos. En los lugares donde no hay notario o este funcionario no está disponible, puede otorgarse ante cinco testigos, bajo las condiciones legales.
En el testamento cerrado, el contenido permanece reservado, pero el documento debe presentarse ante un notario y cinco testigos. El sobre que contiene las disposiciones debe cumplir las formalidades correspondientes.
En ambos casos, no basta con redactar una carta y firmarla. La persona debe tener capacidad para testar y expresar su voluntad libremente, respetando las exigencias legales.
¿Se puede dejar toda una herencia a una sola persona?
No necesariamente. La legislación colombiana protege los derechos de los herederos legitimarios, entre ellos los descendientes y, en determinados casos, los ascendientes.
Cuando existen legitimarios, la mitad del patrimonio líquido, después de las deducciones legales correspondientes, constituye la legítima que debe distribuirse entre ellos. La otra mitad es de libre disposición, por lo que el testador puede asignarla a quien desee.
Por ejemplo, si una persona deja un patrimonio líquido de $400 millones y tiene dos hijos, $200 millones corresponden a la porción reservada para ellos. En principio, cada uno recibiría $100 millones de esa mitad, mientras que los otros $200 millones podrían asignarse a otra persona mediante testamento.
El cálculo puede cambiar si existen deudas, sociedad conyugal o derechos de porción conyugal.
¿Qué hacer si los hermanos no están de acuerdo con la herencia?
Si todos los herederos están de acuerdo con la distribución, la sucesión puede adelantarse ante una notaría. Cuando hay desacuerdos sobre los bienes, el testamento o las participaciones, la controversia debe resolverse por vía judicial.
Entre los documentos que suelen necesitarse están el registro civil de defunción, los registros que acrediten el parentesco, las escrituras de los inmuebles y sus certificados de tradición y libertad. También se requiere revisar los activos y las deudas del fallecido.
La ley establece, por regla general, un plazo de diez años para ejercer la acción de petición de herencia. Si un legitimario considera que el testamento desconoció la parte que le corresponde, puede solicitar su reforma dentro de los cuatro años siguientes al conocimiento del testamento y de su calidad de legitimario.
Además, recibir una casa en una sucesión no significa que el trámite esté completamente terminado: la adjudicación debe inscribirse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para formalizar el cambio de titularidad.
Por eso, antes de firmar una renuncia, aceptar un reparto o entregar poderes a otro familiar, es importante revisar los documentos y buscar asesoría jurídica. Una decisión apresurada puede comprometer derechos sobre bienes que legalmente podrían corresponderle.
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