Colombianos tendrían que ahorrar más para pensionarse: esto dice el decreto
Desde diferentes sectores advierten por las graves consecuencias que tendrían los colombianos.
Noticias RCN
02:20 p. m.
El eje central de la medida radica en la modificación del mecanismo de "deslizamiento del salario mínimo". Históricamente, el Estado asumía el costo adicional que se generaba cuando el salario mínimo subía por encima de la inflación, compensando a las aseguradoras para garantizar que las pensiones mínimas (rentas vitalicias) fueran sostenibles. Sin embargo, con el nuevo decreto, el Gobierno ha decidido retirar gran parte de este subsidio.
Esta decisión es una respuesta directa al incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, el cual situó la remuneración básica en $1.750.905.
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Debido a que el gasto público en pensiones se disparó con este ajuste, el Ministerio de Hacienda optó por limitar su participación discrecional, trasladando la responsabilidad financiera directamente al capital acumulado por los trabajadores en sus cuentas de ahorro individual.
Este es el decreto que obligaría a los colombianos a ahorrar más
El Decreto 1485, emitido a inicios de 2026, es una normativa del Gobierno Nacional que modifica las reglas técnicas del sistema de pensiones en Colombia, especialmente en lo relacionado con el ahorro individual. Su objetivo principal es garantizar la sostenibilidad fiscal tras el incremento del 23% en el salario mínimo.
El decreto elimina gran parte de la compensación que el Estado otorgaba a las aseguradoras cuando el salario mínimo subía por encima de la inflación. Antes, el Gobierno cubría ese excedente para garantizar las pensiones mínimas; ahora, esa carga se traslada al capital acumulado por el trabajador.
Debido al cambio anterior, el capital necesario para financiar una pensión de salario mínimo (renta vitalicia) aumenta significativamente. Se estima que los ahorradores podrían necesitar hasta $200 millones de pesos adicionales en su cuenta de ahorro individual para alcanzar el mismo beneficio que antes.
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Como consecuencia del mayor capital requerido, los expertos proyectan que muchos trabajadores se verán obligados a trabajar entre 15 y 20 años adicionales más allá de la edad legal para poder completar el dinero necesario para su jubilación.
Para quienes no logren compensar ese faltante con más años de trabajo, la medida podría traducirse en una reducción de hasta el 30% en el valor de su mesada en comparación con las condiciones previas al decreto.
Esta normativa no afecta a quienes ya están pensionados. Impacta directamente a los trabajadores activos en fondos privados, especialmente a los de ingresos bajos y a los jóvenes que están lejos de cumplir los requisitos de ley.
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