¿Le sacaron un crédito a su nombre? La ley que le permite NO pagar deudas por suplantación

Descubrir que su nombre figura en una central de riesgo por una deuda que jamás solicitó es una de las pesadillas financieras más recurrentes. La suplantación de identidad para la apertura de créditos no solo afecta el bolsillo de las víctimas, sino que daña de forma severa su historial crediticio.

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Sin embargo, el marco legal colombiano contempla herramientas claras para evitar que los ciudadanos asuman el costo de este tipo de fraudes.

El derecho a la rectificación: Qué dice la ley

En Colombia, la piedra angular de esta protección radica en la Ley 1266 de 2008 (Ley de Habeas Data) y sus posteriores modificaciones, así como las directrices normativas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La normativa establece de manera categórica que las entidades financieras y de telecomunicaciones tienen la obligación de verificar la identidad de quien solicita un producto. Si un crédito es otorgado mediante un proceso deficiente de validación, la responsabilidad probatoria no recae sobre la persona afectada, sino sobre la institución que desembolsó el dinero.

Usted no está obligado a pagar una obligación financiera originada en un delito. La ley ampara la eliminación del reporte negativo de las centrales de riesgo de manera preventiva mientras se resuelve la reclamación.

¿Cómo actuar ante un crédito fraudulento?

Si al revisar su historial en Datacrédito o Cifin nota un reporte que no reconoce, este es el procedimiento que debe seguir:

1. Presente la denuncia formal: Diríjase a la Fiscalía General de la Nación o utilice su plataforma virtual (A Denunciar) para interponer la denuncia por el delito de falsedad personal o suplantación de identidad. Este documento es el insumo clave para iniciar todo el trámite.
2. Radique la reclamación ante la entidad: Presente una Petición, Queja o Reclamo (PQR) formal ante la entidad financiera que otorgó el crédito. Adjunte la copia de la denuncia penal y solicite:

• La suspensión inmediata de los cobros prejurídicos o jurídicos.
• El cotejo de firmas, huellas o validaciones biométricas utilizadas durante el trámite.
• La eliminación del reporte negativo en las centrales de riesgo

Por ley, la entidad cuenta con un plazo máximo de 15 días hábiles para responder a su solicitud. Si la respuesta es favorable, la deuda se anula y el historial se limpia.

Si la respuesta es evasiva o negativa, puede acudir mediante una queja formal ante la Superintendencia Financiera o la SIC para que se inicien los procesos sancionatorios correspondientes.