No solo a conductores: ¿a quiénes más afecta proyecto que prohibiría apps de transporte?

Una gran discusión se ha generado por la tercera versión del proyecto de ley publicado para comentarios por la Superintendencia de Transporte. Si bien el presidente Gustavo Petro ha insinuado que se trata de pánico mediático, en realidad es un documento oficial publicado en la página web de dicha entidad.

¿Qué dicen Las Cuentas de Oviedo sobre esta iniciativa? ¿A quiénes estaría afectando? “En efecto hay gran preocupación por esta tercera versión de proyecto de ley que busca, a partir de sanciones y prohibiciones, regular una realidad de mercado que conocemos de forma muy importante todos los ciudadanos, aproximadamente desde el 2013”.

Manifestó que algunas de las preocupaciones que genera el texto en su tercera versión son:

“Incluye a los contratantes, es decir, a nosotros los ciudadanos cuando alquilamos un servicio, por ejemplo, de Uber, Didi u otra plataforma, como sujetos de sanciones que pueden superar los 10 millones de pesos”.

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Adicionalmente, genera unas responsabilidades para controlar la prohibición en la Policía y los alcaldes. “Algo altamente inconveniente en este momento”.

“Pero lo más importante es que promueve el bloqueo de los medios de comercio electrónico y plataformas que facilitan este servicio”.

¿A quiénes afecta el proyecto de ley?

“Recordemos que de aproximadamente 5.7 millones de jefes de hogar que se desplazan a su trabajo a través de un medio de transporte, aproximadamente 473.000, es decir, el 8.4% está utilizando” plataformas de transporte.

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Oviedo resalta que hay una “heterogeneidad regional de utilización de esos vehículos”. “¿Qué va a plantear el proyecto de ley para una ciudad como Riohacha en donde casi tres cuartas partes de los jefes de hogar se desplazan en estos vehículos que en su mayoría van a ser declarados ilegales y vamos a ser sancionados por su utilización?”.

“Es importante reconocer que esta realidad de mercado regulatoria ya se ha visto en otros servicios públicos como en el caso de las telecomunicaciones”.

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Así las cosas, recordó que hasta 1997 llamar entre “Bogotá y Bucaramanga era un monopolio en cabeza de una empresa pública conocida como Telecom”. A partir de ese año dos operadores adicionales cancelaron 150 millones de dólares para prestar el servicio, que rápidamente fue puesto en competencia por el uso masivo de tecnología móvil con tarifas planas.

“Así pues, se trata de promover un proyecto de ley que promueva la regularización de estos nuevos servicios y que insista en las condiciones de habilitación transparentes, tanto para taxis amarillos o blancos, como estas nuevas modalidades que finalmente se centre en la protección de los usuarios y la calidad del servicio”.