¿Se salva Presto? Supersociedades autorizó la venta de la cadena tras su liquidación
La cadena de hamburguesas continuará operando con sus establecimientos y su planta mientras busca un comprador que permita preservar el negocio.
Ángel Ballén
01:45 p. m.
La Superintendencia de Sociedades autorizó la continuidad de la operación comercial de Presto durante su proceso de liquidación judicial, con el propósito de facilitar la venta de la compañía y preservar sus restaurantes.
La autorización contempla que los establecimientos y la planta de producción continúen funcionando mientras se adelantan las gestiones para vender la empresa como una unidad económica productiva, según la información divulgada por la liquidadora, Mónica Alexandra Macías.
Supersociedades autorizó la venta de Presto
La autorización busca que Presto pueda continuar operando mientras se encuentra una alternativa para vender la compañía. La intención es preservar la unidad económica productiva y evitar que la liquidación implique necesariamente el cierre inmediato de los restaurantes. De concretarse una propuesta viable, la venta permitiría obtener recursos para atender las obligaciones de la sociedad.
La decisión también establece condiciones para mantener la estabilidad de la operación. Los contratos de los puntos de venta y las unidades de apoyo que continúen funcionando permanecerán vigentes durante el periodo autorizado, siempre que la empresa cumpla oportunamente con las nuevas obligaciones que se generen.
De acuerdo a lo reportado por Caracol Radio, existe el interés por parte de un empresario colombiano para quedarse con la operación de la cadena de restaurantes que abrió sus puertas en 1981, aunque no revelaron mayores detalles.
¿Qué pasará con los restaurantes de Presto?
Por ahora, los restaurantes de Presto continuarán abiertos bajo las condiciones establecidas en la autorización. La permanencia de los establecimientos dependerá del desarrollo del proceso judicial, del cumplimiento de las obligaciones nuevas y de las decisiones que se adopten sobre el futuro de la compañía.
La crisis de la compañía se produjo después de que no lograra sostener su proceso de reorganización empresarial. En abril de 2026, la Superintendencia de Sociedades había aprobado un acuerdo respaldado por el 81,39 % de los acreedores calificados y graduados, que contemplaba la reestructuración de pasivos por cerca de $31.000 millones mediante un plan de pagos de seis años.
Sin embargo, el 30 de septiembre de 2026, la empresa solicitó directamente la apertura de la liquidación judicial. Entre las razones señaladas estuvieron la pérdida de la hipótesis de negocio en marcha, la fuerte disminución del flujo de caja y el incumplimiento de obligaciones posteriores al acuerdo y de gastos de administración.
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