El llamado de la Defensoría del Pueblo a grupos armados de cara a las elecciones

De cara a las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre 521 municipios que están en monitoreo permanente por la presencia de grupos armados.

De hecho, la entidad informó que entre febrero y mayo del 2022 se pasó de 79 a 84 municipios en riesgo extremo y de 195 a 206 municipios con riesgo alto de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos.

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Justamente, para referirse a esta situación, Noticias RCN habló con Carlos Camargo, defensor del pueblo, quien se refirió a la situación de las regiones en donde persiste el riesgo extremo electoral.

“La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su misionalidad, viene realizando un monitoreo nacional de escenarios de riesgo en el marco del proceso electoral, encontrando 290 municipios con riesgo extremo y alto de vulneración a los derechos de la población”, dijo Camargo. 

Y añadió: “Los departamentos más afectados y con mayor nivel de riesgo corresponden al Cauca, Nariño, Chocó, Norte de Santander, Caquetá, Bolívar y Arauca”. 

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Amenazas en medio del panorama electoral 

Según explicó el defensor Carlos Camargo, “las mayores amenazas identificadas son la continuidad del conflicto armado interno y otras violencias con una fuerte influencia del narcotráfico, el control social y territorial de grupos armados ilegales que tiene como propósito principal el desarrollo de economías ilegales y las disputas por el control de puntos estratégicos de movilidad”. 

Llamado de la Defensoría del Pueblo a grupos armados

Asimismo, el defensor hizo énfasis en que el actuar de los grupos armados al margen de la ley como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN ocasionan escenarios de riesgo para la población civil, al operar mediante amenazas, homicidios, reclutamiento, restricciones a la movilidad, entre otras. 

Por último, Camargo hizo un llamado a los grupos ilegales “a mantener a la población civil por fuera de actividades irregulares y a no interferir en su derecho al voto de manera libre”.