Argentina prohíbe el ingreso de extranjeros que expresen odio por el país: también podrán ser expulsados
Aunque la medida debe ser revisada por el Congreso, ya se encuentra en pie.
Noticias RCN
AFP
01:12 p. m.
Cualquier ciudadano extranjero que emita discursos de odio o promueva la violencia contra Argentina o sus habitantes podrá enfrentar la expulsión del país o la cancelación inmediata de su residencia.
Esta drástica modificación a la Ley de Migraciones fue concretada mediante un decreto dictado por el mandatario Javier Milei hacia la medianoche del miércoles 29 de julio, en un movimiento político previo a sus aspiraciones de reelección en los comicios de 2027.
La decisión del jefe de Estado surge tras haber acusado públicamente la existencia de una presunta “campaña antiargentina” —sin presentar evidencias—, que atribuyó a México, Brasil y el Partido Demócrata de Estados Unidos, raíz de comentarios realizados en plataformas digitales en el contexto del Mundial de fútbol.
¿Quiénes podrán ser castigados bajo la nueva normativa?
Especialistas en la materia advierten sobre el sesgo de discrecionalidad que introduce la medida, dado que el instrumento legal omite definir con claridad qué constituye un mensaje de odio, los filtros de detección o los parámetros de juzgamiento para sancionar a los infractores.
Aunque el decreto ya se encuentra plenamente operativo, su continuidad dependerá de la ratificación formal que debe otorgarle el Congreso de Argentina.
De acuerdo con el articulado, la prohibición de entrada y las sanciones territoriales se dirigen a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”, extendiéndose también a quienes participen o promuevan “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
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El decreto no afectará el libre ejercicio de la crítica:
Con el fin de acotar su alcance, el decreto explica que la normativa no afectará la manifestación de posturas ideológicas contrarias ni el libre ejercicio de la crítica ciudadana, académica o política amparada en las garantías constitucionales.
Con este cambio, la administración actual pone bajo tensión la histórica tradición argentina de fronteras abiertas, que brinda derechos civiles, sociales, sanitarios y educativos también a la población inmigrante.
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