El presidente Perú declaró ante la Fiscalía por presunto caso de corrupción

El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes a la citación de la Fiscalía para declarar en un caso de presunta corrupción de su entorno político y familiar, por el cual es investigado. El mandatario izquierdista salió del palacio de gobierno en la mañana y caminó unas ocho cuadras alzando una mano para saludar a peatones, acompañado por asesores y una treintena de escoltas de civil y policías uniformados.

"A fin de aclarar las denuncias y especulaciones en mi contra, hoy acudiré a la Fiscalía de la Nación en un acto de transparencia con el pueblo y colaboración con la justicia", publicó Castillo en su Twitter minutos antes de su declaración.

El mandatario ingresó al edificio de la fiscalía un cuarto de hora después sin hacer declaraciones a la prensa. Afuera lo esperaban una docena de manifestantes opositores que gritaban consignas en su contra.

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Castillo rindió declaración por más de una hora y media ante la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por una causa que involucra a su entorno político y familiar.

Se trata de la investigación sobre el consorcio "Puente Tarata III", que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.

El fiscal Samuel Rojas citó a Castillo mientras cuatro investigados de su entorno están prófugos tras dictarse una orden de prisión preventiva contra ellos. La policía ofrece recompensas de entre 4.000 y 13.300 dólares por su detención.

La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. Castillo finaliza su mandato el 28 de julio de 2026.

Mientras tanto, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, dominada por la oposición, acordó el jueves citar a Castillo para que comparezca el 21 de junio por el mismo caso que indaga la fiscalía.

Castillo, un maestro rural de 52 años, había adelantado el domingo que acudiría a la citación del fiscal Rojas y lo reiteró cuatro días después.

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"Asistiré a todas las citaciones", prometió tras una ceremonia con dirigentes indígenas. "En 11 meses no han podido encontrar una pista de que nosotros hemos metido la mano para robar", agregó el mandatario al negar irregularidades en su gestión, iniciada el 28 de julio de 2021.

La nueva citación establece que el presidente podrá elegir el lugar donde declarará a la comisión legislativa.

"Existen grandes indicios y sospechas reveladoras de presuntos actos de corrupción", dijo el congresista fujimorista Héctor Ventura, quien dirige la comisión.

Insatisfacción de los ciudadanos con la gestión

En sus 11 meses en el poder, Castillo ha estado bajo permanente asedio del sector radical de la oposición, que lo acusa de supuesta ineptitud y de estar salpicado por hechos de corrupción.

El 8 de abril, el Congreso de Perú, también controlado por la oposición, aprobó una moción meramente simbólica que exhortaba a Castillo a renunciar, 10 días después de fracasara el segundo intento de destituirlo en un juicio político relámpago, al cosechar solo 55 de los 87 votos necesarios.

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Las mociones de "vacancia presidencial" se han vuelto costumbre en Perú y causaron la caída de los mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (derecha) en 2018 y Martín Vízcarra (centro) en 2020. Desde diciembre de 2017, el Congreso ha debatido seis iniciativas de este tipo.

Varios legisladores opositores radicales llaman cotidianamente a destituir a Castillo, pero hasta ahora no cuentan con los votos necesarios.