Hacinados y con poca ropa: las condiciones de reclusos en cárceles de El Salvador

El gobierno de El Salvador mostró las condiciones de reclusión de pandilleros en dos cárceles del país, en medio de polémica por un reporte periodístico que lo señala de conceder beneficios carcelarios a esos grupos para que disminuyan los homicidios.

En el marco de una gira autorizada por el presidente Nayib Bukele, el director general de Centros Penales, Osiris Luna, acompañó a un grupo de periodistas, para mostrar las "medidas estrictas" de reclusión en la prisión de Quezaltepeque (norte) y la cárcel de máxima seguridad de Izalco (oeste), ambas repletas de pandilleros.

Pandilleros del Barrio 18 y de su rival Mara salvatrucha (MS-13) mezclados y hacinados en las celdas, sin camisa, solo usando calzoneta blanca y con mascarillas en su rostro por prevención por la pandemia del coronavirus, era el panorama que se observaba en ambas prisiones.

"Nosotros estamos desesperados, no podemos ver a nuestros familiares desde hace mucho tiempo, no podemos hablar con nadie, tenemos nuestras necesidades y nuestras enfermedades, pero con este encierro todo parece imposible", manifestó Denis Flores, uno de los 2.600 pandilleros recluidos en la prisión de Izalco, 66 kms al oeste de San Salvador.

El gobierno salvadoreño mantiene un plan de seguridad que ha logrado una reducción de los homicidios.

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El jueves, presuntamente basado en documentos oficiales, el periódico digital El Faro señaló al Gobierno de llevar "un año negociando" con la pandilla MS-13 una reducción de homicidios, a cambio de beneficios carcelarios, entre otras cosas.

"Cuál negociación, cuáles beneficios, no tenemos nada", dijo un pandillero de la MS-13 en la cárcel de Quezaltepeque, 20 kms al norte de San Salvador.

El Barrio 18 y la MS-13 son las principales pandillas que operan en El Salvador y son señaladas por el Gobierno como las mayores generadoras de violencia en el país.

Cifras oficiales indican que Bukele recibió el país en junio de 2019 con una tasa de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, que cerró ese mismo año en 36.

En El Salvador, las pandillas tienen unos 70.000 miembros -más de 17.000 de ellos encarcelados- y se dedican a la extorsión y el narcotráfico, entre otras actividades ilegales.