Internacionaljulio 07, 2022hace un mes

Un año del asesinato al presidente de Haití Jovenel Moise: ¿qué ha pasado con los exmilitares?

Un año después del asesinato al presidente Moise, aún no ha iniciado el juicio en contra de ninguno de los colombianos.

Jovenel Moise: un año de asesinato del presidente HaitíJovenel Moise: un año de asesinato del presidente Haití / Foto: AFP

En la madrugada del 7 de julio del 2021, el presidente de Haití, Jovenel Moise, recibió una secuencia de disparos en su residencia en la ciudad de Puerto Príncipe, capital del país. Hasta su casa llegaron varias camionetas, una de ellas con funcionarios de la Policía de Haití, y hombres de camiseta y chaleco antibalas negro vistiendo también en uniforme un pantalón militar. 

Tras una enorme confusión y una balacera que duró poco, Moise murió cerca de su esposa, la primera dama Martine Moise, que quedó herida para después recuperarse en una clínica de los Estados Unidos y convertirse en una de las testigos especiales de la investigación.

La presencia de militares retirados colombianos se hizo saber rápidamente. Un comunicado del ministro de Defensa, Diego Molano, reconoció que en el hecho podrían estar involucrados al menos 26 colombianos que habrían pertenecido a las Fuerzas Militares. 

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¿Cómo participaron? 

Los colombianos fueron reclutados por tres compañeros entre ellos mismos que llevaron el liderazgo de la operación. En un principio se trataba, de acuerdo con chats conocidos por La FM y Noticiasrcn.com, de un acompañamiento para el pastor Emanuel Sanon, uno de los líderes políticos de la isla, y también para proteger un proyecto de infraestructura energética en uno de los suburbios de Puerto Príncipe. Sanon había firmado un documento que hablaba de una transición democrática del poder para convertirse en presidente encargado durante tres meses y luego llamar a elecciones; buena parte de los políticos de Haití sentían que Moise estaba quedándose de más en el poder por una controversia sobre la fecha de las elecciones. 

A los colombianos les ofrecieron alrededor de 3.000 dólares por estar en la isla un mes o más si la misión se prolongaba con todo pago. Tan pronto aceptaron e iniciaron el viaje, algunos de ellos dejaron un elaborado registro fotográfico de los lugares que visitaron antes en República Dominicana y cuando se encontraban en Haití, como si se tratara de simples turistas. 

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Los personajes que aparecían en las fotografías comenzaron a ser determinantes en la investigación que tiempo después desarrolló el FBI y la CIA en cooperación con las agencias de inteligencia colombianas, sin que hasta ahora exista una verdad concluyente. 

En las imágenes aparecía el ciudadano americano James Solanges con vestimenta militar. Solanges fue uno de los acusados del magnicidio. También el expolicía colombiano Ronal Ramírez y otro de los señalados, Arcángel Pretelt, en relación con la empresa CTU Security, investigada en el caso por ser la que les habría pagado a los colombianos por sus servicios originales. 

En la única entrevista que ha dado a un medio de comunicación en el mundo uno de los militares retirados, el capitán Edwin Banquicet le dijo a La FM que eran inocentes y se trataba de una emboscada.

“Nos llamaron los policías, nos dieron armas de la Policía y nos dijeron que tenían una orden de captura para el presidente. Nosotros antes estábamos cuidando al pastor Sanon”, afirmó.

Agregando que quienes habrían disparado al presidente fueron hombres completamente de negro y encapuchados que escaparon de la vivienda por la parte de atrás. Luego de eso, en la mañana del 8 de julio de 2021 llegaron hasta el lugar los militares y las hordas enfurecidas de ciudadanos que por poco linchan a los exmilitares e, incluso, acabaron con la vida del exsargento Duberney Capador. 

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¿Qué sigue? 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado una alerta para que se aseguren las condiciones de dignidad y Derechos Humanos a todos los reclusos de las cárceles en Puerto Príncipe en donde se encuentran los exsoldados. Estos siguen allí sin haber sido llevados a una primera audiencia en juicio formal y, por supuesto, sin haber sido declarados culpables. En Haití, por las graves cifras de pobreza y pobreza extrema, hay una muy débil envergadura institucional y buena parte de las entidades del Estado están atrapadas por el poder de las bandas que se dedican al narcotráfico y a la venta ilegal de armas. Es un puente importante entre los países de América del Sur y Europa para el envío de drogas vía marítima. 

Sin que se sepa si los colombianos dispararon o no, sus familias en Colombia piden al gobierno que reclame el juicio a los connacionales en Colombia para repatriarlos y garantizarles condiciones de más dignidad, además de un debido proceso. Una investigación del New York Times también probó que en los hechos podría haber una red mucho más amplia de poderes de familias tradicionales en Haití que empezaban a sentirse incómodas con Moise, quien llevaba cinco años en el poder y estaba teniendo acercamientos con la DEA, aparentemente, para confesar o delatar algunas personas en casos de narcóticos. 

Un año después de los hechos ni Haití, ni Colombia y tampoco Estados Unidos, saben con exactitud quién disparó y bajo qué intereses asesinaron al presidente de uno de los países más difíciles del mundo en términos de pobreza y seguridad. Las familias en Colombia siguen esperando.

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