Moreno obtiene el 39,33% de los votos en Ecuador con el escrutinio al 98,5%

El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, obtiene el 39,33 por ciento de los votos cuando se han escrutado el 98,5 por ciento de las actas de las elecciones del pasado domingo, según los resultados difundidos en la web del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con 40.409 de las 41.042 juntas de recepción de voto revisadas, Moreno es el candidato más votado, seguido por el centroderechista Guillermo Lasso, con el 28,19 por ciento.

El sistema electoral ecuatoriano prevé la celebración de una segunda ronda de votaciones si ninguno de los candidatos consigue mayoría absoluta o si el candidato más votado no logra el 40 % de los sufragios con un margen de al menos 10 puntos porcentuales de ventaja respecto al segundo.

Ante los resultados tan ajustados, que no permiten todavía confirmar si habrá segunda vuelta, el CNE ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a mantener la calma mientras se procesan todos los datos.

El apretado margen que separa la votación del candidato presidencial oficialista de un umbral mínimo para ganar la Presidencia mantiene la tensión electoral en Ecuador, donde el candidato opositor ha llamado a mantener una vigilia en paz.

El presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, quien se ha comprometido a que esta misma semana se conozcan los resultados oficiales definitivos de las presidenciales, ha recalcado que el organismo está pendiente de procesar ciertas actas de escrutinio rezagadas o suspendidas.

La demora en la entrega de resultados definitivos ha generado incertidumbre y tensión en el país, que espera los datos finales del CNE para saber si se celebra, el 2 de abril, una segunda vuelta de comicios para designar al sucesor de Rafael Correa en el poder.

Más de 12 millones de ecuatorianos fueron convocados el domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente, a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional y los cinco del Parlamento Andino, así como para pronunciarse sobre la iniciativa del Gobierno de prohibir que los cargos públicos tengan bienes en paraísos fiscales.