Nayib Bukele ordena cercar municipio en El Salvador para capturar pandilleros

Cerca de 10.000 militares y policías cercaron la madrugada del sábado el populoso municipio de Soyapango, en la periferia de San Salvador, en el marco de la guerra contra las pandillas lanzada en marzo por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado. 8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la ciudad" de 242.000 habitantes, situada en la periferia este de la capital salvadoreña, anunció Bukele en su cuenta de Twitter.

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El mandatario había anunciado el 23 de noviembre que cercaría ciudades para que los militares busquen casa por casa y arresten a pandilleros. Soyapango es la primera ciudad en la que se aplica esta medida.

Los soldados y policías se apostaron en las primeras horas de la madrugada en todas las calles de acceso al municipio, sin permitir que nadie entrara ni saliera del lugar sin antes ser registrado. Los uniformados se encargarán "de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí", dijo Bukele.

Tras varias horas de iniciada la operación, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que "ya son 12 pandilleros que se encuentran detenidos, todos con antecedentes penales".

La guerra contra las "maras", que Bukele lanzó el 27 de marzo al amparo de un estado de excepción, ha llevado a la detención de más de 58.800 presuntos pandilleros, según Villatoro, pero ha sido cuestionada por organismos humanitarios.

Municipio de apogeo de pandilleros

Soyapango ha sido considerado por años como un municipio inseguro debido a la acción de pandilleros. Hace unos meses, las autoridades comenzaron a borrar los grafitis alusivos a las pandillas.

Las acciones implementadas por el gobierno de Bukele en Soyapango, en virtud del estado de excepción, ha conducido a "una enorme mejora en su seguridad", reconoció a inicios de esta semana su alcaldesa, Nercy Montano.

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El estado de excepción, que permite detenciones sin orden judicial, fue declarado por el presidente en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo.

Cuestionado por organismos humanitarios, el régimen de excepción fue prorrogado por el Congreso hasta mediados de diciembre.