Organizaciones comparan la reforma migratoria que se discute en el Parlamento Europeo con las políticas antinmigrantes de Trump

La comparación de las nuevas reformas migratorias de la Unión Europea y las políticas de deportación masiva de Donald Trump ha generado fuertes cuestionamientos en el Parlamento Europeo.

Michele LeVoy, representante de PICUM, fue tajante al señalar la contradicción de los líderes regionales afirmando que: "No podemos indignarnos por el ICE en Estados Unidos y al mismo tiempo apoyar estas prácticas en Europa".

Esta postura es respaldada por unas 70 organizaciones de defensa de los derechos humanos que exigieron al parlamento desistir de una reforma que busca implementar centros de retorno fuera de las fronteras de la UE para solicitantes de asilo rechazados y endurecer las sanciones para quienes se nieguen a salir del territorio.

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¿Al estilo de ICE?

Los más críticos sugieren que la Unión Europea estaría tratando de adoptar métodos que imitan el despliegue de los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) bajo la administración Trump, que ha intensificado el arresto y la expulsión de millones de indocumentados.

En una misiva conjunta, las organizaciones manifestaron gran preocupación ante la posibilidad de que se normalicen las redadas en espacios públicos y privados, así como el uso de perfiles raciales. Los firmantes advirtieron que las autoridades europeas "quieren obligar a los Estados miembros a 'detectar' a las personas indocumentadas, convirtiendo los espacios cotidianos, los servicios públicos y las interacciones comunitarias en herramientas de control migratorio al estilo del ICE".

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Parlamento Europeo se mostró decidido a implementar cambios en su política migratoria:

A pesar de que el bloque mayoritario de los Estados miembros ya ha dado su visto bueno a las medidas —que incluyen la confiscación de documentos de identidad y periodos de detención más prolongados—, la izquierda en el Parlamento y los grupos de protección civil consideran que "esta amenaza es real e inmediata".

Para los colectivos, el endurecimiento de la normativa representa un retroceso peligroso en materia de garantías fundamentales. Mientras, el Ejecutivo de la UE ha mantenido una postura firme frente a las acusaciones, rechazando de manera regular las críticas de los organismos de derechos humanos.