¿Por qué el próximo ministro de Defensa fue declarado persona no grata en Guatemala?

El anuncio de la designación del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, realizado el fin de semana por el presidente electo Gustavo Petro, fue uno de los nombramientos de cartera más decisivos en su próximo Gobierno que ha generado todo tipo de comentarios desde el apoyo de su equipo hasta los cuestionamientos de la oposición.

Velásquez, reconocido en Colombia por sus investigaciones sobre la ‘parapolítica’ en Colombia, denunciado por el mismo Álvaro Uribe Vélez en 2007, no solo ha generado revuelo en nuestro país con sus indagaciones también contra el cartel de Medellín, sino fue una figura clave en la lucha de Guatemala contra la corrupción que apaleaba el país centroamericano.

Declarado como persona no grata por el Gobierno guatemalteco de Jimmy Morales en 2017, Velásquez estuvo en el centro de distintas crisis políticas en Guatemala, en donde el colombiano contaba con al menos la mayoría del respaldo de los ciudadanos, en especial por liderar las investigaciones en contra de altos mandos del país.

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Una de sus pesquisas más recordadas, provocó la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina en 2015. Las indagaciones arrojaron evidencias de que el primer mandatario estuvo envuelto en un fraude aduanero, un caso muy importante para Guatemala que comprobó la malversación de cerca de 2.5 millones de dólares, el escándalo incluyó al entonces presidente como líder de una red que recibía sobornos para la evasión de impuestos.

¿Cómo llegó Velázquez a Guatemala?

A puertas de ser un posible Estado fallido, Guatemala consumida por la corrupción solicitó la ayuda de la Naciones Unidas para tener una veeduría externa, que lideró el exmagistrado Velásquez al frente de la Comisión contra la impunidad en Guatemala (Cicig). Durante sus cuatro años de funciones, entre 2014 y 2018, el antioqueño en conjunto con otros fiscales sacó a la luz el mal uso de los recursos públicos por parte de políticos y empresarios, y destapó redes de corrupción de los cargos más importantes del país incluyendo el presidente Otto Pérez Molina.

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Con las elecciones del 2015 tras la salida de Pérez, el titular de la Cicig continúo con sus indagaciones en el siguiente Gobierno de Jimmy Morales, y en menos de un año el fiscal habría descubierto una supuesta irregularidad por parte del jefe de Estado, que, según Velázquez en medio de su campaña presidencial Morales no había declarado unas donaciones anónimas a su partido.

Además, encarceló durante tres meses al hijo del Morales, por unas facturas no declaradas, lo que desató el repudio Morales, quien bajo el derecho Constitucional en el 2017 intentó expulsar al jefe de misión de la ONU contra la impunidad a quien acusó de interferir en asuntos externos, la solicitud fue frenada por un tiempo por la Corte Constitucional de Guatemala, sin embargo, Morales alegó que el colombiano se había excedido en sus funciones con supuestas presiones ilegales al Congreso.

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La decisión generó un rechazo generalizado de la ciudadanía que apoyaba a Velásquez y defendían sus investigaciones, quienes salieron a las calles en contra de su expulsión de Guatemala. Ante la crisis la ONU también se pronunció pidiendo respeto por el colombiano por parte de las autoridades guatemaltecas.