Régimen Ortega solicitó ante la OEA el retiro de Nicaragua

Nicaragua solicitó el pasado viernes su salida de la Organización de Estados Americanos (OEA), que desconoció la reelección del presidente Daniel Ortega el 7 de noviembre.

"Me dirijo para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme al artículo 143 que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización", dice la carta dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y firmada por el canciller nicaragüense, Denis Moncada.

El proceso de salida dura dos años, plazo en el cual Nicaragua debe cumplir con las obligaciones que tenga pendientes con la OEA, con sede en Washington.

En la carta, dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el canciller dijo que actuó por instrucciones del presidente Ortega.

Calificó al organismo regional como un "instrumento de injerencia e intervención" y que su actuar contra Nicaragua busca facilitar la hegemonía de Estados Unidos.

"Apoyamos la decisión de Nicaragua de retirarse de la OEA, que constituye una firme y digna respuesta a las maniobras del secretario general de esa organización, en contubernio con Estados Unidos, para intentar interferir en las decisiones que competen al pueblo nicaragüense", se pronunció el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en su cuenta de Twitter.

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Ortega, un exguerrillero de 76 años y en el poder desde 2007, obtuvo un cuarto mandato consecutivo con un 75,92% de los votos, pero los resultados fueron rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos.

En los meses previos a los comicios, decenas de opositores, incluyendo siete precandidatos presidenciales, fueron detenidos bajo cargos de conspiración y otros delitos, lo que dejó a Ortega efectivamente sin rivales.

Estados Unidos ha prohibido la entrada al país al mandatario, a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y a sus ministros.

"No fueron libres" 

La decisión de salir del ente regional ocurre luego de que la Asamblea General de la OEA desconociera el pasado 12 de noviembre la legitimidad de las elecciones nicaragüenses, con el apoyo de 25 de sus 34 miembros.

Las elecciones "no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática", declaró la OEA, que advirtió que tomaría medidas sobre la base de su Carta Democrática, que incluyen la posible suspensión de Nicaragua del organismo.

El gobierno dijo que solicitó su retiro con base en un llamado que hizo el lunes el Congreso con el respaldo de otros poderes del Estado, todos bajo control del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda).

"Nos sentimos contentos, orgullosos porque hoy hemos dado una nueva muestra de nuestra condición de pueblo soberano" al renunciar a "ese inaceptable, espurio organismo que no nos representa en nada", afirmó Murillo a medios oficiales.

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Un proceso similar inició Venezuela en 2017, luego de que la OEA amenazara al país con una suspensión por ruptura del orden constitucional.

Con su decisión, el gobierno de Ortega dice que busca "que cesen los efectos internacionales nocivos contra de Nicaragua".

Serias consecuencias 

Analistas han advertido que la salida de Nicaragua del sistema interamericano podría vetar el acceso a préstamos de organismos multilaterales que el país necesita para financiar su presupuesto de proyectos.

Las sanciones amenazan además con afectar el intercambio comercial.

El año pasado "Nicaragua colocó en el mercado estadounidense el 67,4% del valor total de sus exportaciones de bienes", señaló el economista Néstor Avendaño, de la firma Consultores Para el Desarrollo Empresarial (Copades).

Managua mantiene tensas relaciones con Washington a raíz de las condenas y sanciones implementadas contra más de 30 funcionarios nicaragüenses por corrupción y violación a los derechos humanos durante la represión de las protestas contra el gobierno de Ortega en 2018. 

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indica que las manifestaciones dejaron 355 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales más de 150 continúan presos, y más de 103.000 exiliados.

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Las presiones aumentaron luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgara el 10 de noviembre la Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), que habilita imponer nuevas sanciones contra el gobierno de Ortega, cuya administración Washington considera una "dictadura".

Ortega ha calificado las sanciones como instrumentos de "agresión" y hostigamiento contra Nicaragua y minimizado sus efectos internos.