Rifirrafe en Venezuela por la denominada 'Ley Antibloqueo'

El régimen de Nicolás Maduro presentó en Venezuela la llamada 'Ley Antibloqueo', iniciativa que busca establecer algunas herramientas para sopesar el impacto que generan sobre la economía local los llamados bloqueos impuestos por Estados Unidos y otros países al modelo y la cúpula chavista.

Dicha ley hizo curso ante la llamada Asamblea Nacional Constituyente, cuerpo colegiado señalado de ilegítimo, y que se conformó por parte de los simpatizantes del régimen Maduro, buscando suplantar las funciones de la Asamblea Nacional, poder en manos de la orilla política de derecha venezolana.

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Precisamente, la Asamblea Nacional Constituyente dio su visto bueno a la propuesta de ley del chavismo el pasado jueves. No obstante, la iniciativa también fue analizada y rechazada por los miembros de la constitucional Asamblea Nacional, órgano que señaló de peligrosa e inconstitucional la providencia chavista.

La Asamblea Nacional desconoció el pasado martes la aprobación de dicha Ley por parte de la Asamblea Constituyente, y advirtió el peligro que representa al otorgar a Maduro “poderes extraordinarios” en materia económica, una iniciativa calificada como “paralegal”.

La decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela fue dada a conocer a través de un acuerdo suscrito por sus miembros, en el que se pactó desconocer dicha iniciativa, considerándola ineficaz e inexistente.

A su vez, la Asamblea Nacional indicó que su aplicación representaba un atentado contra el orden legal en Venezuela y que los negocios que se realicen al amparo de esta podrían considerarse como delito o “asociación ilícita para delinquir”.

Expertos y congresistas venezolanos han dicho que esta supuesta ley, además de hacer frente a algunas de las medidas restrictivas impuestas a Venezuela desde Estados Unidos, también abre las puertas para que el régimen Maduro pudiese “reprivatizar” algunas empresas, pero dejándolas en manos "equivocadas" que se buscarían lucrar con el usufructo de los recursos de todos los venezolanos.

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Otro de los puntos que reviste un peligro frente a la aplicación de este marco legal (ilegalmente aprobado), se traduce en el “secreto y reserva”, frente a los actos relacionados con su aplicación, lo cual resta transparencia a las acciones de los funcionarios del régimen, quienes además no estarían sujetos a la revisión o control por parte de los organismos oficiales.

De acuerdo con el documento emitido por la Asamblea Nacional, el órgano investigará a los funcionarios del Gobierno Maduro para determinar la responsabilidad civil y penal, ante eventual aplicación de esta ley, la cual el mismo dictador calificó como una nueva etapa para Venezuela.