Tras protestas, Congreso de Guatemala suspende aprobación de presupuesto 2021

El presidente del Parlamento de Guatemala,  Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso, aseguró que "con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021".

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes pasado un presupuesto récord para 2021, propuesto por el Ejecutivo, de casi 12.800 millones de dólares.

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Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el presupuesto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país.

Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares. 

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Para el jefe del Parlamento, esta situación creará un "espacio de discusión para la gobernabilidad del país".

"Actos terroristas"

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar, aunque este lunes, tras la detención del trámite del presupuesto, ya no se registraron protestas.

Según Rodríguez, los manifestantes utilizaron el presupuesto como "el argumento principal para dar sustento y soporte a la manifestación", que tenía "el objetivo de romper el orden constitucional y lograr acceder al poder".

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El jefe de Parlamento tildó además los hechos contra la sede del Congreso como "actos terroristas", tras afirmar que pedirán a la Fiscal General, Consuelo Porras, que sea designado un fiscal específico para esa investigación.

La Fiscal en rueda de prensa anunció que iniciaron las investigaciones por la protesta violenta y la represión policiaca pues una veintena de manifestantes fueron heridos y dos de ellos perdieron el ojo izquierdo presuntamente por balas de goma de las fuerzas de seguridad.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible". Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

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El presidente Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado".

Antes de que se suspendiera la tramitación del presupuesto, la Universidad de San Carlos, la única estatal del país, había hecho un llamado para convocar un paro nacional este lunes, pero no tuvo eco.

La crisis

El vicepresidente del país, Guillermo Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

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El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de oenegés fiscalizadoras.

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, ha sido criticado por su propio vicepresidente, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.