Sindicados de masacre de Llano Verde fueron enviados a la cárcel

Autoridades judiciales de la ciudad de Cali dictaron medida de aseguramiento intramural en centro carcelario en contra de Juan Carlos Loaiza Ocampo y Yefferson Marcial Ángulo Quiñonez, dos de los tres señalados por la masacre de cinco jóvenes el pasado 11 de agosto en inmediaciones de los cañadulzales del barrio Llano Verde en Cali.

Durante la diligencia judicial, los dos señalados no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, la cual los señaló de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo con el de fabricación y/o porte ilegal de armas de fuego. 

La decisión fue tomada por el juez 25 de control de garantías de la capital del Valle del cauca, quien determinó que debido a la gravedad de los delitos imputados, no podía conceder el beneficio de prisión domiciliaria a los dos detenidos.

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Es importante aclarar que la medida intramural dictada responde a una decisión preventiva, mientras que un juez penal determina si existe o no culpabilidad por parte de los imputados en el delito que segó la vida de los 5 menores. 

De acuerdo con los detalles entregados por la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto entre las 12:30 y 1:30 pm, señalando que las víctimas, identificadas como Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas, menores entre los 14 y 16 años, fueron vistas en inmediaciones del cañadulzal, lugar donde habrían sido abordados por los dos detenidos y otro hombre aún prófugo de la ley, quienes los cercaron y ultimaron.

Los detenidos, quienes señalaron haber presenciado, más no participado del hecho, señalaron que Gabriel Alejandro Bejarano, hoy prófugo de la ley, fue quien redujo a los menores, y finalmente segó sus vidas con disparos de arma de fuego.

La hipótesis presentada por la Fiscalía como presunto móvil del homicidio, señala que los menores habrían sido víctimas de un acto de intolerancia al ser vistos consumiendo caña tomada de un espacio que es propiedad privada.

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Tras la captura de estos hombres, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán,  confirmó que se puso en marcha la diligencia para entregar la recompensa que era ofrecida por la localización e información de los autores de la masacre.