Nacionaljulio 04, 2018hace 3 años

El despojo de tierras, un fenómeno que no se detiene en Colombia

La consultora de la URT, Myriam Hernández, manifestó su preocupación por el futuro que tenga el programa de restitución bajo el gobierno de Duque.

Foto: AFP

El despojo de tierras en Colombia es un fenómeno que "sigue sucediendo", según las investigaciones de la consultora de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Myriam Hernández.

"Hay sitios donde el despojo sigue sucediendo (...) Las regiones donde hay intereses económicos son las que están más expuestas", afirmó Hernández en el Congreso Internacional de Experiencias en Restitución de Tierras que se celebra en Cartagena de Indias.

La socióloga experta en propiedad rural y violencia opinó que la solución a este problema es que haya "una decisión política" de "superar esta desigualdad tan fuerte que hay" en el país.

Hernández participó en el encuentro internacional, donde varios países pusieron en común sus experiencias sobre cómo devolver los territorios perdidos a las víctimas de violencia por conflictos internos.

La experta también aseguró que "reversar el despojo que han hecho los paramilitares es más difícil" que hacerlo con "el de la guerrilla".

"Ambos son difíciles" y "ambos tienen responsabilidad", pero agregó que el proceso es más factible con casos de afectados por la exguerrilla de las Farc porque esa organización "no se vinculó con grandes poderes políticos" colombianos, mientras que los paramilitares sí.

Hernández se declaró preocupada por el futuro del proceso de restitución en el nuevo gobierno de Iván Duque.

Aunque cree que no interrumpirán el proceso "de manera directa", opinó que hay muchas "maneras de parar la acción" de la URT como "quitarle dinero" o "quitarle peso político".

A pesar de eso, el director de la Unidad, Ricardo Sabogal, recordó ayer en la inauguración del Congreso que la restitución de tierras es "un derecho constitucional".

Colombia ha restituido 300.000 hectáreas a víctimas del conflicto armado, lo que ha beneficiado a 38.307 personas, la mitad de las cuales son de comunidades afrocolombianas o indígenas.

La Unidad comenzó sus funciones en 2011 y según la ley se prevé que continúe su labor hasta 2021, cuando se evaluará su continuidad bajo el gobierno de Duque.

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