Desplazamiento, masacres y miedo: el duro panorama que se vive en el Bajo Cauca

En los últimos meses los desplazamientos y las masacres han sido, lamentablemente, noticia en el Bajo Cauca antioqueño.

Solo este mes, dos hermanos de 17 años fueron torturados y asesinados en el casco urbano de Tarazá, en la vereda Abejales; en la misma población, hallaron a otros tres campesinos, quienes murieron de manera violenta; dos policías murieron en un ataque armado en Caucasia; una masacre de cinco personas ocurrió en Zaragoza, y se han presentado dos desplazamientos.

Son 185 homicidios este año, entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de julio de 2020 fueron 1.057, 25 de las víctimas eran líderes sociales

“Muchos de los líderes de este territorio lamentablemente se han visto silenciados, se van visto cooptados o han disminuido su labor por miedo. Es la zona donde más líderes han asesinado en toda esta reciente historia”, manifestó Óscar Yesid Zapata, vocero del proceso social de garantías.

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Uno de los delitos de mayor impacto es el desplazamiento forzado, pues de los 260.681 habitantes que tiene la zona, según censo del Dane, el 20% lo ha sufrido. Ya padecerlo es una tragedia, denunciarlo es casi una sentencia de muerte. 

“El enfrentamiento entre ellos es muy crudo, entonces en este momento en las comunidades la mayoría esta comandada por 'Los Caparros', pero el otro grupo es el que viene a recuperar la zona”, expresó una víctima.

Este año 4.810 personas han salido desplazadas hacia Medellín y reportaron su caso en la Personería. En 2019 fueron 28.369.

“Es un delito muy complejo porque aparte de la afectación social, psicológica y económica que genera a la familia que tiene que dejar sus tierras para salvaguardar sus vidas, los efectos que genera sobre las ciudades que son receptoras de desplazamiento”, 
William Yeffer Vivas, personero de Medellín.

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Grupos ilegales no discriminan en su accionar, en la última semana 100 personas fueron obligadas a salir de la vereda La Esperanza del corregimiento La Cauca y otras 700 desarraigadas de la vereda Isla La Amargura de Cáceres, entre ellas población indígena. 

“Hay mujeres, niños, ancianos y sobre todo en esta situación de pandemia lo cual también se teme que pueda haber un brote de covid-19 en esta población”, Alexis Espitia, consejero de la Organización Indígena de Antioquia.

Son cuatro años de conflicto, inseguridad y zozobra; tiempo en el cual esta población espera por la recuperación del territorio por parte del estado.