Nacionaljulio 15, 2020hace un año

Grupos armados estarían imponiendo brutales medidas para evitar propagación del covid-19

José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, asegura que este control social refleja la ausencia del Estado en zonas remotas de Colombia.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) advierte de brutales medidas ordenadas en once departamentos de Colombia por los grupos armados para evitar la propagación del covid- 19. Se incluyen asesinatos, amenazas y castigos.

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El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Popular (EPL), las Autodefensas Gaitanistas de Colomiba (AGC), un grupo denominado Los Contadores, en Nariño y otro La Mafia, en Putumayo; han impuesto toques de queda, cuarentenas, restricción a la circulación de personas, extranjeros, automóviles y embarcaciones. Limitaciones para el acceso a los alimentos, la apertura del comercio y han amenazado, atacado y asesinado a quienes no cumplen estas medidas.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, asegura que este control social refleja la ausencia del Estado en zonas remotas del país.

“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicó Vivanco.

Agregó que "el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del covid-19”.

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Entre marzo y junio de 2020, esta ONG entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos, entre ellas, líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de derechos humanos, policías y residentes locales y verificó panfletos, mensajes de texto, publicaciones de la Defensoría del Pueblo y artículos de prensa.

Como resultado de la investigación comprobó casos como el de Bolívar, donde el ELN difundió un panfleto a principios de abril en el que anunciaba que estaba forzado a dar bajas humanas con fines de preservar vidas; y otro volante en el Chocó con ocho reglas que incluían cerramientos totales de vías, prohibición de toda clase de eventos públicos y periodo de aislamiento para quienes llegaran a la zona.

Otro hecho fue denunciado en Cauca, donde el 26 de abril las disidencias asesinaron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en un parque público por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado, según la investigación.

El 8 de junio fue asesinado un líder comunitario en Putumayo, según el fiscal local, por denunciar a los miembros del grupo armado La Mafia, que obligaban a la comunidad a organizar puestos de control para interrogar y examinar síntomas del coronavirus en la población.

En Tumaco denunciaron prohibiciones a la pesca, lo que afectó el abastecimiento de los residentes y el comercio local.

El informe señala que en zonas de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare, los grupos han impedido la salida del personal médico por los toques de queda.

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Durante la cuarentena nacional, Human Rights Watch ha documentado nueve personas asesinadas y diez heridas en ataques de estos grupos armados por el supuesto incumplimiento de sus medidas.

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