Respuesta de Colombia frente al asesinato de líderes sociales ha sido "lenta y deficiente": HRW

Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch, calificó como lenta la reacción del Gobierno Nacional frente a los asesinatos de líderes sociales cometidos en el país desde hace varios años.

“Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios”.

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El documento también reveló que desde 2016, más de 400 líderes sociales han sido asesinados en el país, la cifra más alta en América Latina, según la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, manifestó que “la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”.

“El gobierno del Presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, agregó.

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Según ACNUDH, el número de estos asesinatos ha aumentado considerablemente, pasando de 41 en 2015 a 108 en 2019. “La oficina ha documentado 53 casos ocurridos en 2020 hasta el momento, y sigue trabajando en la verificación de otros 80 casos”.

También señala que a pesar de que el gobierno ha desplegado militares en varias zonas del país, no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, como tampoco la protección de la población, ni ha asegurado el acceso a oportunidades económicas, educativas o servicios públicos.

“Colombia tiene un gran número de políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo. Sin embargo, su implementación a menudo ha sido pobre”, enfatizó la ONG.

Con motivo de la preocupante situación, Human Rights Watch hace una serie de recomendaciones al gobierno del presidente Iván Duque, entre las que contempla iniciar un proceso con participación de organizaciones de la sociedad civil e internacionales de derechos humanos y humanitarias para reforzar los mecanismos de prevención y protección.

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También recomienda incrementar la presencia del Estado en zonas remotas del país, trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo para responder eficazmente a las alertas tempranas que emite la entidad, fortalecer la Unidad Nacional de Protección (UNP), implementar y financiar el Programa Integral de Seguridad y Protección, entre otras.

Colombia responde

Luego de conocer el informe, La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el Gobierno sigue esforzándose para frenar la violencia contra los líderes sociales y para lograr mejores condiciones de seguridad.

Lo anterior señalando que los enemigos son los grupos armados organizados (GAO) y los grupos delincuenciales organizados (GDO) en su accionar criminal relacionado con las actividades de narcotráfico y extracción ilícita de minerales.

Adicionalmente, destacó los resultados contra estas estructuras criminales. “Durante 2020, fueron capturados 14 y abatidos 3 de los 31 delincuentes relacionados en el ‘cartel de los más buscados por homicidios a líderes y defensores de derechos humanos’ del Ministerio de Defensa, logrando una efectividad del 54,8 %”.

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