Así pinta la ciberseguridad en Latinoamérica para 2026

La ciberseguridad ha dejado de ser un campo técnico reservado para especialistas; hoy, se erige como uno de los pilares estratégicos para la supervivencia de empresas, gobiernos y ciudadanos. El informe ‘Tendencias en Ciberseguridad 2026’ —que elaboramos en S2GRUPO— retrata un panorama donde el cambio es la única constante: nuevas tecnologías, actores más sofisticados y una superficie de ataque en expansión obligan a una revisión profunda de los modelos tradicionales de defensa. En este contexto, América Latina enfrenta retos particulares, derivados tanto de su acelerada digitalización como de vulnerabilidades estructurales que la convierten en un blanco creciente para la ciberdelincuencia.

El 2026 nos encuentra inmersos en una era de hiperconectividad, donde la proliferación de dispositivos inteligentes multiplica exponencialmente los puntos vulnerables. El descentralizar el procesamiento de datos añade complejidad a la protección, lo que implica que los límites tradicionales de la defensa perimetral han quedado obsoletos. Además, la irrupción de la Inteligencia Artificial autónoma además de potenciar la capacidad defensiva también provee a los atacantes de herramientas más eficientes y difíciles de detectar.

El crecimiento de la superficie de ataque es, quizás, una de las tendencias más inquietantes. No se trata solo de más dispositivos, sino de infraestructuras críticas interconectadas, cadenas de suministro digitalizadas y usuarios cada vez más dependientes de servicios en línea. En este escenario, cualquier punto débil puede convertirse en la puerta de entrada para un incidente de alto impacto.

La seguridad perimetral, basada en la ilusión de muros infranqueables, ha dado paso a un paradigma mucho más realista: Zero Trust. Bajo este enfoque, ningún usuario, dispositivo o aplicación es confiable por defecto, y cada acceso se valida de manera continua. La automatización, apoyada en IA y aprendizaje automático, permite detectar y responder a amenazas en tiempo real, reduciendo la ventana de exposición y minimizando el margen de error humano.

Sin embargo, la plataforma tecnológica no basta. La interpretación humana sigue siendo crucial para distinguir señales relevantes en medio del ruido digital, tomar decisiones informadas y adaptar las defensas a un entorno en constante cambio. La integración de equipos multidisciplinarios y la capacitación permanente se convierten en activos estratégicos.

Por otro lado, la inestabilidad geopolítica añade una capa de complejidad: sanciones, fragmentación de internet y disputas por la soberanía tecnológica redefinen el acceso a recursos críticos y la exposición a nuevos vectores de riesgo. En 2026, las decisiones sobre qué proveedores elegir, cómo gestionar datos sensibles y dónde alojar infraestructuras clave dejan de ser técnicas para convertirse en cuestiones estratégicas de primer orden.

En cuanto a Latinoamérica, la digitalización acelerada avanza de la mano con importantes brechas de seguridad. Esto la convierte en terreno fértil para el crimen digital, que encuentra en la región tanto objetivos rentables como contextos regulatorios y técnicos menos robustos que en otras latitudes. El informe destaca la proliferación de troyanos bancarios diseñados para dispositivos móviles, un fenómeno especialmente preocupante en países donde el acceso a servicios financieros se realiza mayoritariamente a través de smartphones.

El abuso de códigos QR y tecnologías NFC representa otra amenaza en crecimiento, facilitando ataques de suplantación, robo de credenciales y transferencias fraudulentas. Al mismo tiempo, la vulnerabilidad de entidades públicas, muchas de ellas rezagadas en la adopción de buenas prácticas y tecnologías de protección, expone información sensible de millones de ciudadanos y compromete la prestación de servicios esenciales.

Frente a este escenario, ya no basta con reaccionar ante incidentes; es imprescindible anticiparse. El desarrollo de estrategias proactivas, la implementación de modelos de resiliencia organizacional y una gobernanza integral del riesgo digital son ahora requisitos mínimos para aspirar a la continuidad operativa y la protección de la reputación institucional. La gestión de identidades y accesos, la protección del ecosistema móvil y la colaboración público-privada emergen como líneas prioritarias de acción.

Las organizaciones deben invertir en la formación de su talento, desplegar tecnologías de detección avanzada y fomentar una cultura de seguridad que trascienda el área técnica para permear toda la estructura corporativa y social. La adaptación dinámica, basada en el aprendizaje constante y la revisión periódica de políticas, es la única garantía de sobrevivir en un entorno donde el riesgo es la nueva normalidad.