Ni los nadies se salvaron: el balance de corrupción que deja el Gobierno de Gustavo Petro

A días de que Gustavo Petro entregue la banda presidencial, vale la pena hacer memoria sobre lo que prometió y lo que realmente dejó. En campaña repitió hasta el cansancio que sería el gobierno de los nadies, el que iba a acabar con la politiquería y con la corrupción de siempre. Cuatro años después, cerca de 37 políticos y funcionarios de su gobierno han pasado por procesos relacionados con corrupción: 4 ministros, 7 directores de entidades del Estado, 21 congresistas y hasta su hijo. El gabinete, además, funcionó como una puerta giratoria, con 62 ministros rotando desde agosto de 2022 y 15 cambios solo en 2025. Detrás de esa inestabilidad hubo algo más de fondo que el simple desgaste político: hubo plata pública desviada, contratos amañados y funcionarios presos. Este no es un ejercicio de memoria selectiva ni un ajuste de cuentas de última hora; es el balance que cualquier ciudadano tiene derecho a exigir antes de que el país pase la página.

Para comenzar, el caso más grave por lejos es el de la UNGRD, que arrancó con la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira, una región en emergencia humanitaria, por 46.800 millones de pesos. Los vehículos nunca cumplieron su función: quedaron parqueados en una base militar, sin pólizas ni conductores, mientras la plata tomaba otro camino. El exsubdirector Sneyder Pinilla confesó que se entregaron 4.000 millones de pesos a los presidentes del Congreso de turno para asegurar votos a favor de las reformas del gobierno. El exdirector Olmedo López terminó colaborando con la Fiscalía contra 27 altos funcionarios y congresistas, y el hombre señalado como la ficha central del entramado, Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, huyó del país y hoy vive escondido en Nicaragua. Dos ministros, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, terminaron presos por este mismo escándalo, señalados de desviar más de 100.000 millones de pesos para comprar apoyo político en el Congreso. Se calcula que solo en la UNGRD se comprometieron alrededor de 380.000 millones de pesos en irregularidades durante este gobierno.

Sin embargo, antes de que estallara este escándalo ya había señales claras de con quién se estaba tratando. El hijo mayor del presidente, Nicolás Petro, reconoció ante la Fiscalía que a la campaña de su padre en 2022 entraron cerca de 1.000 millones de pesos de origen dudoso, dineros que según su propio testimonio provenían de alias “el Hombre Marlboro”, un narcotraficante extraditado, y de Alfonso Hilsaca, empresario señalado y apodado “el Turco”. La evidencia se sostuvo, además, en el testimonio de su expareja, Day Vásquez, testigo clave del proceso. Cuando el escándalo se destapó, la respuesta del presidente fue simplemente que él no había criado a su hijo, lavándose las manos como siempre, como si moralizar el país no exigiera empezar por la propia casa.

Así pues, la campaña completa quedó bajo sospecha. El CNE concluyó que la campaña Petro Presidente 2022 sí incumplió las reglas, al rebasar los topes de gastos electorales por montos que oscilan entre 3.500 y 5.300 millones de pesos, además de haber recibido dineros de fuentes prohibidas como sindicatos. El responsable de esa campaña era Ricardo Roa, quien sería presidente de Ecopetrol hasta este 30 de julio, a quien la Fiscalía le imputó este año tanto la violación de topes como tráfico de influencias por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá negociada a cambio de favorecer contratos de gasificación. Y como si no fuera suficiente, bajo su gestión, los indicadores de Ecopetrol han llegado a niveles mínimos, pasando de $33,4 a $9 billones en 2025.

Sumado a esto, Laura Sarabia, la mano derecha y la que probablemente le tiene más guardados al Gobierno saliente, protagonizó uno de los episodios más incómodos de este gobierno. La desaparición de dinero en su casa terminó en un polígrafo ilegal aplicado a su niñera y en interceptaciones telefónicas que hoy tienen a dos policías condenados, mientras las responsabilidades de más arriba siguen bajo investigación. A esto se suma la crisis de los pasaportes. Lejos de pagar un costo político, Sarabia salió del gobierno y volvió con más poder: primero como canciller y hoy como embajadora en Londres, el “castigo” que cualquiera quisiera recibir. En cualquier otra administración, una acumulación así de escándalos habría significado el final de una carrera pública. Aquí fue, literalmente, un ascenso.

Y para no perder la costumbre, también hubo un capítulo de nombramientos cuestionables. Juliana Guerrero, de 23 años y sin experiencia, fue postulada como viceministra de Juventudes con títulos académicos que terminaron anulados por irregularidades en su expedición; hoy enfrenta un proceso por fraude procesal y falsedad en documento público. Pero esto no cerró ahí: la Fiscalía acaba de abrir una nueva investigación contra ella y su hermana, Verónica Guerrero, por presuntamente liderar una red de tráfico de influencias que habría operado desde 2024, cobrando a empresarios 1 millón de pesos por una primera cita, 200 millones de pesos de anticipo por cada gestión y una comisión del 10% sobre el valor de los contratos prometidos ante ministerios como el de Interior, Vivienda, Igualdad, Ambiente y Defensa. Varios de esos empresarios aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos sin obtener nada a cambio. Como raro, Petro salió a respaldarla diciendo que "pudo ser una gran dirigente juvenil transformadora", y le pidió a ella y a su hermana denunciar a quienes intentaron corromperlas, una muestra de alcahuetería y tolerancia con la corrupción de su círculo. El entonces MinInterior, Armando Benedetti, no se queda atrás: está acusado de tráfico de influencias por la adjudicación de un contrato en Fonade, investigado por presiones indebidas sobre Electricaribe y EMSA, y señalado en el escándalo de Papá Pitufo por 500 millones de pesos que habrían entrado a la campaña presidencial. A eso se suma un préstamo de 3.000 millones de pesos del empresario Euclides Torres para la compra de un apartamento de lujo, hecho que llevó a la Corte Suprema a allanar su vivienda por un presunto enriquecimiento ilícito. El discurso de la meritocracia y la moral pública terminó, en la práctica, premiando exactamente lo contrario.

Nada de esto son hechos sueltos que coincidieron por azar. Es el retrato de un gobierno que llegó jurando que iba a acabar con la politiquería y terminó pareciéndose, punto por punto, a lo que decía combatir. La transición confirma la magnitud del problema: el equipo de Abelardo de la Espriella adelanta una auditoría sobre más de 170 alertas de posibles irregularidades en contratos, compra de tierras y uso de bienes públicos, con al menos 10 casos puestos en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Buena parte de esa información la están entregando los propios funcionarios salientes. Colombia lamentablemente ya conocía la corrupción en el poder; lo que distingue a este gobierno es haber llegado prometiendo justamente acabar con ella. No lo olvide, y no deje que se lo hagan olvidar.