Disidencias y reconocimiento de gobierno

La reciente inauguración de obras por parte de las disidencias de las Farc en los municipios de Policarpa y El Rosario (Nariño) obliga a preguntarse si el presidente Gustavo Petro ¿estaría concediendo reconocimiento de gobierno a las disidencias de las Farc?

Comienzo por señalar que el derecho internacional público consagra tres estadios o dimensiones de la institución del reconocimiento. Existen los reconocimientos de beligerancia, de gobierno y de Estado.

Se trata en esencia de actos jurídicos unilaterales o manifestaciones de la voluntad de los Estados a través de las cuales reconocen en derecho la existencia de determinados hechos o sujetos de derecho.  Es decir, implica un juicio de constatación de tales hechos y un juicio de valor o calificación jurídica de estos.

Cada uno de estos tres tipos de reconocimiento comporta condiciones únicas y efectos jurídicos y políticos, que, de contera, establecen su gradación y trascendencia. En el nivel más bajo se halla el reconocimiento de beligerancia, en el medio el de gobierno y en el más alto el de Estado.  

Para efectos prácticos ahondaré en los dos primeros, en el entendido que el reconocimiento de Estado se da a los nuevos países surgidos en estos tiempos en calidad de nuevos sujetos del derecho internacional, verbo y gracia aquellos Estados nacidos tras la disolución de la Unión Soviética o luego del conflicto de los Balcanes.

En este orden de ideas, diré que el reconocimiento de beligerancia puede ser otorgado por el propio Estado cuando, valga la redundancia, reconoce la existencia de un grupo armado rebelde y el control que este ejerce en una parte de su territorio o bien por un tercer Estado que ve en dicho movimiento rebelde una fuerza oponible al establishment de una nación

Es por esencia el anhelo frustrado de las organizaciones rebeldes colombianas, si bien este jamás se ha materializado en la praxis. Hasta el sol de hoy, ningún presidente ha otorgado este estatus a las guerrillas colombianas, por lo menos no en derecho. Asimismo, ningún gobierno de otro país se ha atrevido a hacerlo de manera tácita o explícita, salvo en algunas declaraciones públicas del expresidente venezolano Hugo Chávez.

Hay tres razones de peso para ello. Si equis o ye Estado acepta que un grupo armado presente en su territorio es beligerante, reconoce que sus integrantes no están sometidos a la ley penal vigente. Del mismo modo, este estatus obliga a los miembros del grupo rebelde a sujetar sus acciones al tenor del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, cosa que jamás les ha interesado en el caso de Colombia a las guerrillas. Finalmente, si dicho reconocimiento proviene de otro Estado, este declara su neutralidad frente a dicho conflicto armado.

De ahí que lo ocurrido en Nariño nos lleva al reconocimiento de Gobierno, que puede darse por el propio Estado donde actúa la organización alzada en armas, un tercer Estado o el conjunto de la comunidad internacional. 

Como tal, este estadio del reconocimiento implica la aceptación de la presencia en un territorio de un gobierno efectivo, vale decir autoridades que cumplen labores ejecutivas, legislativas y hasta jurisdiccionales. El reconocimiento de gobierno, que también puede entenderse como un consentimiento tácito o explícito, se perfila como uno de los elementos constitutivos de un Estado. 

Para entender la gravedad de lo sucedido en Nariño –sin ninguna condena real y efectiva por parte del Gobierno–, el mejor ejemplo del uso del reconocimiento de gobierno a manos de la comunidad internacional es el de Palestina. 

Primero el Movimiento de Países No Alineados y luego las Naciones Unidas, reconocieron la existencia de una especie de gobierno palestino, que, finalmente en 1994, tras los Acuerdos de Oslo suscritos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), dieron vida a la Autoridad Palestina.

Es evidente entonces el peligro que se cierne sobre la integridad territorial de Colombia con la anuencia o la indiferencia del presidente Gustavo Petro. El afán de hacer de la promesa de la Paz Total una realidad, a mi parecer estaría nublando aún más el juicio del Ejecutivo y apartándolo de sus obligaciones constitucionales.