El Derroche Verde: un error costoso, mentiroso e irracional (III)

Mientras Colombia debate su futuro político y se distrae con los escándalos semanales del presidente Petro, el gobierno avanza en una agenda ambiental radical que, lejos de proteger nuestro entorno, amenaza con imponer un modelo económico centralizado, reminiscente de los sistemas comunistas del siglo pasado.


Nicolás Gómez Arenas
julio 29 de 2025
06:18 p. m.
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Esta serie de columnas ha denunciado el despilfarro y el detrimento patrimonial que representa el Plan de Acción para la Biodiversidad, así como políticas impulsadas por los Ministerios de Ambiente y Agricultura, como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y los superpoderes otorgados a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Estas medidas, de corte soviético, no solo frenan el desarrollo económico, sino que abren la puerta a la expropiación estatal y fortalecen a organizaciones activistas cooptadas por el oficialismo, algunas de dudosa legalidad.

Afortunadamente, la Corte Constitucional ha puesto freno a varias de estas iniciativas, respaldando las denuncias de gobernadores y alcaldes que advierten sobre la violación de la autonomía regional y el intento de imponer regulaciones centralistas que perjudicarían gravemente al país. Sin embargo, la batalla contra el fanatismo ambientalista está lejos de terminar.

El gobierno insiste en destinar 76,5 billones de pesos —equivalentes a 19.000 millones de dólares— a proyectos ambientalistas que, en muchos casos, benefician a fundaciones activistas de izquierda, alimentan la corrupción o persiguen metas vagas e inalcanzables. En un país con recursos limitados como Colombia, esta priorización es no solo irresponsable, sino profundamente injusta. Como he sostenido en columnas anteriores, salvar el planeta es una aspiración noble, pero la realidad fiscal de un país en desarrollo nos obliga a enfocarnos en las necesidades urgentes de la población: combatir la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y promover la movilidad social.

Antes de ceder a las demandas de ambientalistas radicales, inspirados en agendas extranjeras, debemos preguntarnos: ¿qué podríamos lograr con esos 76,5 billones de pesos si los invirtiéramos en el bienestar de los colombianos? A continuación, propongo algunas comparaciones para ilustrar la proporción y alcance que estos recursos podrían tener en la transformación del país:

Solo en infraestructura podríamos construir el equivalente a las autopistas 4G (costo 67 billones), hacer un 60%-65% de las vías terciarias con altos estándares de durabilidad (aproximación de costo Km-Carril), dos primeras líneas de metro para ciudades como Cali o Barranquilla (primera línea de Bogotá 23 billones aprox. sin sobrecostos), red inicial de 10-20km de sistemas de transporte integrado para el grueso de ciudades intermedias del país (parámetro de costo aproximado 300.000 millones-1.2 billones), construir y renovar la red de hospitales públicos y extender drásticamente la cobertura rural logrando hasta 1.530 hospitales de primer nivel, 765 hospitales de segundo nivel, o 153 hospitales de tercer nivel o una combinación de estos dependiendo de las necesidades y aún así sobraría, según largas y extenuantes conversaciones con IA y expertos, unos 33,4 y 58,98 billones.

 

Creo que, con los ejemplos anteriores, se demuestra la magnitud de estos recursos y la cantidad de bien que podríamos lograr y eso que no menciono infraestructura educativa o de otros usos. ¡Los invito a que hagan el ejercicio con el tema o sector de su interés!

 

76,5 billones, ¡es mucha plata! Es tanto dinero que, resulta y pasa, ¡ni siquiera lo tenemos! Estos recursos vendrán eventualmente del Presupuesto General de la Nación que ya no da abasto, seguramente, si sigue un gobierno petrista, buscarán deuda para financiar el Plan de Acción de Biodiversidad y el fanatismo ambiental, pero, les pregunto, ¿así consigamos los recursos, de verdad, es lo que prioritariamente Colombia necesita?

 

Es hora de que los colombianos exijamos un debate serio y racional sobre el uso de nuestros recursos. Los 76,5 billones de pesos destinados a una agenda ambientalista desmesurada podrían cambiar el rumbo de millones de vidas si se invirtieran en educación, salud, infraestructura y seguridad alimentaria. No se trata de ignorar el medio ambiente, sino de priorizar el bienestar de la gente en un país en desarrollo que clama por soluciones reales y palpables.

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