El Derroche Verde: un error costoso, mentiroso e irracional (I)

Colombia, un país de marcados contrastes donde la pobreza afecta al 33% de su población y la infraestructura languidece, enfrenta una crisis fiscal inminente, una crisis en el sistema de salud inducida por el gobierno, un posible desabastecimiento de energía e hidrocarburos, y numerosos problemas adicionales, como el deterioro del orden público.

A pesar de este contexto, el gobierno ha decidido embarcarse en una cruzada ambiental irracional e inviable: el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, acompañado de su Fondo para la Vida y la Biodiversidad, tendrá un costo estimado de 76.5 billones de pesos (aproximadamente 19,400 millones de USD) en un plazo de cinco años o más.

Este plan establece 23 metas globales (según el Marco Global Kunming-Montreal), de las cuales derivan 6 metas nacionales que se traducen, léase bien, en 191 acciones específicas, todas, por cierto, muy ambiciosas. Destaco las principales: proteger el 34% del territorio nacional (marítimo y continental), transformar 5 millones de hectáreas hacia modelos productivos sostenibles, generar el 3% del PIB mediante la bioeconomía —creando 522,000 empleos— y reducir las emisiones del país en un 51% para 2030, entre otros objetivos primarios y secundarios.

Todo suena bellísimo, ¿verdad? El problema es su inviabilidad. A través del ambientalismo, la izquierda ha encontrado un vehículo para asegurarse multimillonarios recursos, asumir una posición de “superioridad moral” en el debate político y, lo más grave, introducir progresivamente un radicalismo que conduce inevitablemente a un comunismo ambientalista.

Advierto: no soy negacionista, pero tampoco un extremista como la ministra Muhamad o el presidente Petro. Por ello, asumiendo el riesgo de la censura política que se ejercerá contra quien se atreva a criticar el fanatismo ambiental, me permito realizar esta crítica fundamentada al peligroso absurdo ambiental al que este gobierno pretende comprometernos.

Empecemos por la inviabilidad fiscal. Esta apuesta, de entrada, no cuenta con una financiación sostenible. Sus fuentes de financiación previstas son: el Impuesto al Carbono, que generó 1.2 billones de pesos en 2023, cubriendo solo el 1.5% del presupuesto del PAB en un año; la cooperación internacional, que aporta entre 100 y 300 millones de dólares anuales (en el mejor de los casos) y depende de la voluntad de terceros; y los recursos del sector privado, que, considerando la situación tributaria y el tamaño de nuestro aparato productivo, son sumamente limitados.

Que no haya financiación garantizada significa que este esfuerzo fiscal debe salir del Presupuesto General de la Nación. En un contexto de déficit fiscal estructural (alrededor del 6.7% del PIB en 2024, según el Ministerio de Hacienda) y una alta deuda pública (61% del PIB), con recientes y severas desacreditaciones que hacen impagables los intereses de la deuda, destinar esta cantidad —equivalente al 5% del PIB proyectado para 2025— es imposible sin comprometer sectores prioritarios como salud, defensa, educación o infraestructura.

No hay recursos para las pensiones que tanto prometió el gobierno, para los jóvenes del ICETEX, para pagar la deuda del sistema de salud o la deuda misma de la nación, entre otros compromisos de gasto que se suponen inamovibles e inflexibles. ¿Pero sí hay para cumplir con una agenda de radicalismo ambiental difusa, incuantificable y que no traerá beneficios palpables a los colombianos en el corto y mediano plazo?

Dirán la exministra o Petro: “Es que estamos salvando el mundo”. ¡Mentira! Gastaremos dinero que no tenemos, que, de tenerlo, podría sacar a millones de la pobreza y mejorar la vida de muchos más, para supuestamente cumplir indicadores que, en el mundo, por más voluntad política y recursos que se inviertan, nadie cumple. Basta con observar los fracasos energéticos de Europa (España o Alemania), la dependencia de China del carbón e hidrocarburos, o grandes potencias como EE. UU., que, si bien hacen esfuerzos, no se someten al realismo mágico que venden los radicales ambientales.

Y todo esto contiene una alta dosis de mentiras. Fijémonos en las metas: hablan de que “Colombia contará con 5 millones de hectáreas reconvertidas a modelos productivos sostenibles”. ¡Pura paja! Hoy, la frontera agrícola de nuestro país tiene un potencial de 42 millones de hectáreas, pero solo utilizamos 5.3 millones. Es decir, en tan solo cinco años, además de no especificar cómo lo lograrán, ¿pretenden, solo en nombre del ambiente, duplicar el equivalente a todo el potencial agrícola del país que lleva décadas consolidándose? ¡Mentira!

Afirman que pasaremos de un 0.8% de bioeconomía (dato que parece inventado o inflado por el Minambiente al sumar varios sectores) a un 3% del PIB. Es decir, ¿crecerán un sector de la economía un 275% en cinco años? Díganme, si son tan amables, ¿qué sector crece al 55% o 70% anual? Además, con una cara dura inexplicable, dan por sentado que esto ya es un hecho y que generará 522,000 nuevos empleos gracias a la bioeconomía. Ajá, claro, toda la economía en 2024 generó 247,091 nuevos empleos. ¿La “bioeconomía” creará 104,400 empleos anuales? ¿De dónde? ¡Otra mentira!

Seguiré en la segunda parte de esta columna abordando otras metas imposibles, los riesgos legales que estas apuestas implican y, lo peor, cómo, al seguir este camino, perjudicamos a los más pobres, quebramos el país y no terminamos ayudando al medio ambiente.