Bogotá: del freno de Petro a la esperanza de Abelardo

Que respetara los acuerdos firmados, que girara los recursos comprometidos y que entendiera que gobernar a Colombia también significaba gobernar para su capital, incluso cuando el alcalde de turno no compartiera sus ideas.

No ocurrió. Durante cuatro años, la relación de la Casa de Nariño con Bogotá estuvo atravesada por la desconfianza, el capricho y una confrontación que terminó costándoles tiempo y plata a millones de ciudadanos. El Gobierno Nacional convirtió proyectos estratégicos en escenarios de disputa ideológica y trató la cofinanciación como si fuera una prebenda presidencial, no una obligación del Estado.

El caso del Metro resume buena parte de ese fracaso. La Primera Línea ya estaba estructurada, contratada y en ejecución. Aun así, Petro insistió en reabrir una discusión cerrada, quiso modificar el trazado y pretendió imponer una alternativa subterránea sin asumir plenamente los riesgos jurídicos, financieros y técnicos de semejante giro. Bogotá tuvo que gastar energía defendiendo una obra que el propio Gobierno Nacional debía ayudar a sacar adelante.

La resistencia de la ciudad evitó que el proyecto se devolviera varios años. Pero la presión política vino acompañada de decisiones presupuestales. En enero de 2025, la Nación aplazó $770.000 millones destinados a la Primera Línea del Metro. Después fue necesario modificar el cronograma de aportes, suprimir un desembolso previsto para julio de ese año y concentrar obligaciones en vigencias posteriores.

En lenguaje cotidiano, eso significa algo muy sencillo: el Gobierno prometió una plata para una fecha y luego cambió las reglas sobre la marcha. En una obra de esta magnitud, mover recursos no es cambiar una cifra en una hoja de cálculo. Es presionar el flujo de caja, aumentar la incertidumbre y obligar al Distrito a buscar cómo cubrir temporalmente compromisos que no podían esperar.

La misma historia se repitió en otros frentes. Para las troncales de TransMilenio de la avenida 68 y la avenida Ciudad de Cali, los aportes nacionales previstos para 2024 llegaron apenas en 2025. A eso se sumaron recursos pendientes de 2025 y 2026. El saldo superaba los $691.000 millones.

No era una demora inocua. TransMilenio S.A. de forma exitosa, había acudido al mercado de capitales y emitido bonos respaldados por flujos futuros comprometidos por el Estado. Pero, cuando la Nación atrasa sus pagos, no solo incomoda a una administración distrital, también pone en riesgo la confianza de los inversionistas, puede encarecer futuras operaciones de crédito y golpea la reputación financiera de la ciudad.

En la Calle 13, una vía decisiva para la entrada y salida de Bogotá, ocurrió algo semejante. Los $78 mil millones que debían girarse en 2024 solo fueron recibidos en diciembre de 2025. Un año de retraso para un corredor que todos los días castiga a trabajadores, transportadores, comerciantes y familias enteras con trancones interminables.

La flota eléctrica también fue utilizada para el anuncio fácil. Se habló públicamente de aportes por $1,5 billones, aunque el compromiso real era de $938.000 millones y los primeros $45.000 millones apenas estaban previstos para 2027. La diferencia entre el discurso y el documento volvió a ser enorme: mucho titular, mucha ceremonia y poca certeza inmediata.

Ese fue uno de los rasgos más frustrantes del gobierno Petro: la política del render. Primero se anunciaba el proyecto, se presentaba la imagen y se vendía la promesa. Después comenzaba la búsqueda del ejecutor, del contrato y, en algunos casos, de la plata. Mientras eso pasaba, en temas donde podía haber sido efectivo, no sucedió la ampliación de la Autopista Norte fue obstaculizada por en ANLA, se tardaron cinco años en un trámite que duraba dos años. Con los proyectos de generación y transmisión para satisfacer la energía eléctrica de Bogotá fueron un palo en la rueda y no decir, del gas natural, cuyas pésimas decisiones afectaron principalmente la industria y el precio al transporte masivo, sin sonrojo nunca asumieron la culpa de semejante improvisación.

El multicampus universitario de Suba, que con el de Kennedy es una prueba dolorosa. Se prometió como una respuesta histórica para 300 mil de jóvenes, pero la información oficial advertía que el Gobierno Nacional no había asegurado contractual y financieramente la ejecución de las obras. En Suba se llegó a anunciar que el proyecto estaría listo en el segundo semestre, mientras seguían pendientes decisiones básicas para hacerlo realidad.

Bogotá terminó obligada a defenderse del gobierno que debía respaldarla. Esa es la verdadera dimensión del fracaso. No se trató únicamente de una mala relación entre Petro y dos alcaldes. Fue una manera equivocada de entender el poder: si la ciudad no obedecía la visión presidencial, sus proyectos podían ser cuestionados, reprogramados o convertidos en instrumentos de presión.

A esa mezcla de ideología y obstinación se sumó el desorden y el chantaje fiscal de la Nación. La actualización del plan financiero redujo en $36 billones la proyección de ingresos y en $33 billones el gasto primario frente al escenario inicial. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal reportó un déficit primario de $65,7 billones para 2025 y niveles mínimos de caja cercanos a $6,6 billones.

Esos datos ayudan a entender los aplazamientos, pero no los justifican. Bogotá planeó sus grandes proyectos con base en convenios, vigencias futuras y compromisos firmados. La improvisación fiscal del Gobierno Nacional no podía convertirse en una factura que pagaran los ciudadanos de la capital.

Petro confundió demasiadas veces al Estado con su voluntad. Olvidó que los recursos nacionales no eran suyos, que los convenios no dependían de su simpatía por una obra y que la autonomía territorial no era una invitación a la desobediencia, sino una regla constitucional. También olvidó algo todavía más obvio: Bogotá no es una enemiga política. Es el principal motor económico del país.

Por eso la elección de Abelardo De La Espriella abre una posibilidad distinta. No basta con cambiar el tono ni con tomarse una foto con el alcalde. El nuevo gobierno tendrá que reconstruir la confianza con hechos: respetar los proyectos contratados, garantizar los desembolsos, establecer cronogramas verificables y acompañar a la ciudad sin intentar someterla.

La esperanza que hoy representa Abelardo no puede quedarse en una consigna. Debe traducirse en una relación institucional madura entre la Nación y el Distrito. Una relación en la que haya control, exigencia y rendición de cuentas, pero no sabotaje político. En la que las diferencias técnicas se resuelvan con estudios y no con discursos incendiarios. En la que el presidente entienda que ayudar a Bogotá no fortalece a un alcalde: fortalece a Colombia.

Bogotá necesita menos ideología y más gerencia; menos anuncios y más cumplimiento. El gobierno nacional debe apostarle a mejorar la seguridad fortaleciendo la capacidad de respuesta contra las bandas criminales con tecnología e IA, infraestructura y mayor inteligencia.

El presidente electo llega con una ventaja y una obligación. La ventaja es que recibe una ciudad que resistió, mantuvo sus proyectos y no dejó que el capricho presidencial enterrara el Metro. La obligación es no repetir el error de su antecesor: gobernar a Bogotá como si fuera un territorio adversario.

Petro deja una relación deteriorada, recursos aplazados y demasiadas obras convertidas en trincheras políticas. Abelardo puede dejar algo muy distinto: una Nación que vuelva a cumplir su palabra, respete la autonomía de la capital y entienda que el progreso de Bogotá también es el progreso del país.

Después de cuatro años con el freno puesto, Bogotá merece volver a avanzar. Y el primer gran examen del nuevo presidente será demostrar que, esta vez, la Casa de Nariño no se atravesará en el camino.