La respuesta de Mindefensa por señalamientos de operación donde murieron ocho menores

Durante cinco horas la plenaria del Senado fue escenario de un duro debate de moción de censura contra el ministro defensa Guillermo Botero. 

El senador citante, Roy Barreras, denunció la muerte de varios menores de edad tras un bombardeo de la Fuerza Pública en San Vicente del Caguán, operación que el ministro Botero defendió, asegurando que fue legal.

• Así fue el debate de moción de censura a Mindefensa Botero

El Ministerio de Defensa en una rueda de prensa habló del debate de moción de censura y entregó detalles de la operación que hoy es cuestionada.

Botero aseguró que un debate político no puede darse "lleno de imprecisiones y partes a medias" y señaló que quiere aclarar a los colombianos la información "especulatuva" sobre la operación donde murió Flower Trompeta y la "tergiversada" respecto a la operación contra el cabecilla de la estructura GAO residual alias Gildardo o El Cucho.

Operación donde murió el señor Flower Trompeta:

Una vez se reporta la muerte del señor Flower Trompeta se informa a las autoridades de Policía Judicial competentes para que adelanten todas las diligencias técnico científicas denominadas actos urgentes.

1. El Ministerio de Defensa Nacional ha prestado toda la colaboración a las autoridades judiciales parta que se adelante toda la investigación que en derecho corresponda.

2. Son las autoridades judiciales las competentes para evaluar, según los resultados técnico-científica las circunstancias y ocurrencias de los hechos y la presunta responsabilidad de miembros de la fuerza pública.

3. La información hasta la fecha publicada en medios de comunicación señala que Medicina Legal ha indicado que no hay señales de tortura.

4. En todo caso, las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa está atento a los resultados de las mismas los cuales acata y respeta

Operación en contra del cabecilla de la estructura GAO residual 7 identificado como José Marín Martínez alias Gildardo o El Cucho:

1. Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘proceso militar de toma de decisiones’. Este proceso está acompañado en todas sus fases por el asesor jurídico operacional, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares en 2018 por mandato dela política integral de derechos humanos y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa Nacional.

A este acompañamiento fue al que me referí en la plenaria del Senado en el día de ayer (martes).

2. Todos los resultados reportados en el marco de operaciones militares son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

3. Una vez se reportan los hechos se procede a realizar los actos urgentes que comprenden las primeras diligencias de levantamiento de cadáveres las necropsias que corresponden a la labor técnico-científica que debe orientar las investigaciones. Estos actos urgentes siempre son realizados por funcionarios con atribuciones de Policía Judicial.

4. Desde el momento en el que se inician los actos urgentes, la competencia del manejo de la información corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales y todas las diligencias están amparadas por la reserva sumarial.

5. Las labores de identificación de cadáveres corresponden exclusivamente a Medicina Legal que reporta a la autoridad judicial de conocimiento del caso los informes técnico-científicos para la valoración que en derecho corresponda.

6. La fuerza pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

7.Respecto a este caso, el Ministerio de Defensa Nacional no ha recibido a la fecha solicitud de información por parte de la Fiscalía General de la Nación en relación con posible responsabilidad de miembros de la fuerza pública. En cualquier caso, es directriz de este ministerio prestar permanente colaboración a las autoridades judiciales que lo requieran.

El próximo miércoles 13 de noviembre el Congreso deberá definir mediante votación si el alto funcionario puede continuar o no en su cargo.

Esta es la declaración completa del ministro Guillermo Botero: