Ponen la lupa sobre proceso de compra de vacunas anticovid en Colombia

Luego de la presentación, por parte del Gobierno Nacional, del plan de vacunación contra el covid-19 son muchos los interrogantes que han surgido desde la sociedad civil, y desde los organismos de control, quienes exhortan a que los órganos oficiales hagan precisiones sobre los mecanismos previstos para la inmunización, y respecto al proceso de adquisición de la vacuna.

Pese a que, en temas, como el financiero, ya han sido remitidos a los respectivos Ministerios de Salud y de Hacienda, buscando conocer los mecanismos de compra que se adelantan para la adquisición de los fármacos, aún no existe una respuesta eficaz por parte de los responsables.

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Desde el Instituto Anticorrupción, se remitió el pasado 8 de enero, una misiva, con la que se indaga por el proceso de adquisición de las vacunas, y se aboga porque dicho trámite de contratación pueda ser de público conocimiento por parte de todos los colombianos, en aras de la transparencia.

De acuerdo con Camilo Enciso, director del Instituto de Estudios Anticorrupción, a la fecha no se conocen, a través de las páginas web del estado colombiano, los acuerdos de adquisición de las vacunas en los convenios que el gobierno asegura haber sellado con Pfizer, AstraZeneca, y el mecanismo Covax.

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De igual modo, desde la sociedad civil, los principales interrogantes hacen referencia no solo a la fecha de llegada de los fármacos, sino también a las “condiciones de responsabilidad” a las que se llegó con las mencionadas empresas farmacéuticas.

De acuerdo con el plan inicial presentado por el Gobierno Nacional, durante enero se adelantarán los preparativos y capacitaciones correspondientes al suministro o inoculación de los medicamentos, de cara al inicio de la vacunación masiva en febrero de 2021.

No obstante, aún existe incertidumbre frente al inicio de los procesos, llegada de las vacunas, plazo de entrega por parte de las farmacéuticas y la hora cero para la aplicación de la primera fase de las dosis para la inmunización.

A su vez, desde el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se reveló que las vacunas serán adquiridas con recursos del Fome, despertando las críticas al haber afirmado que este proceso se regirá por el derecho privado; aspecto que desde los entes de control y la sociedad civil ha sido cuestionado, argumentando que todos los ciudadanos tienen el derecho de conocer los pormenores de dichas transacciones, y por ello, el proceso debería estar mediado por el derecho público.

“Estamos en absoluto desacuerdo con que se ejecuten los recursos públicos, de destinación específica a la salud pública, a través del derecho privado… son contratos firmados por el Estado con particulares, que deben ser de conocimiento público de los ciudadanos”, afirmó a Noticias RCN el presidente de la defensa del paciente, Francisco Castellanos.

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Por su parte, la Contraloría, radicó un documento ante el Ministerio de Salud, en el que indaga por el número de contratos para la adquisición de vacunas. Lo anterior, con el objeto de hacer un seguimiento objetivo y acertado a los recursos públicos destinados para tal fin.

La entidad, en voz de Lina Aldana, contralora del Sector Salud también indagó por el trato que se ha dado a los procesos a través del mecanismo Covax, refiriéndose a la existencia o no de anticipos.