Google fue demandado por un youtuber español: acusó un "despido improcedente"

Un youtuber español demandó a Google, propietario de YouTube, por haber privado a su canal de ingresos publicitarios lo que constituiría un despido improcedente, según indicó el sindicato UGT, que lo apoya.

"No me ha quedado más remedio que sentar en el banquillo a YouTube", indicó el youtuber, conocido como Jota (@Jota_POV), en redes sociales.

Según UGT, que reclama una indemnización para el youtuber, la plataforma decidió "desmonetizar" de "manera unilateral" el canal de YouTube "Último Bastión" de Jota Pov, seguido por unas 18.000 personas, al privarle de ingresos publicitarios.

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¿Qué tipo de demanda presentó Jota?

"La demanda judicial, preparada por los servicios jurídicos de UGT, se ha interpuesto contra Google España, como titular de Youtube en nuestro país", señaló UGT en un comunicado, en el que señaló que el juicio se celebrará el 26 de junio de 2024.

El sindicato espera mostrar, a través de este proceso, "las presiones que sufre este colectivo en el desarrollo de su trabajo, que es su medio de vida, y la necesidad de que estos trabajadores sean reconocidos como empleados de la empresa".

Los youtubers más populares viven de los ingresos publicitarios de los videos que hacen.

UGT rechazó "la precariedad que intentan imponer estos gigantes de las tecnológicas intentando burlar el derecho laboral".

¿Qué respondió Google España ante la demanda de Jota?

De su lado, Google España indicó a la 'AFP' que, "al contrario de lo que se afirma", los youtubers "no son empleados de YouTube".

En Google "estamos profundamente comprometidos con el éxito de los creadores, por eso compartimos la mayoría de los ingresos con ellos", señaló la empresa.

España fue pionera en Europa en adoptar la llamada "ley Rider", que, entrada en vigor en agosto de 2021, introdujo en el código laboral español una "presunción de laboralidad" para todos los repartidores de aplicaciones de reparto a domicilio, como Uber Eats y Glovo. 

Los repartidores se convirtieron en empleados que pueden beneficiarse de las protecciones del estatuto, gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno, los principales sindicatos españoles y la patronal.

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