Justicia española absolvió a Lowe León por denuncias de violencia hechas por su exesposa
Los tribunales de España concluyeron que las acusaciones carecían de sustento fáctico y jurídico tras un análisis exhaustivo de pruebas y peritajes.
Noticias RCN
12:26 p. m.
La situación jurídica de Lowe León en España quedó definida luego de que distintas instancias judiciales concluyeran que el artista no cometió actos de violencia en los hechos denunciados por su exesposa, la funcionaria Liceth Paola Córdoba Ramos.
Estas conclusiones fueron el resultado de procedimientos en los que se evaluaron pruebas, declaraciones y peritajes bajo los estándares estrictos que caracterizan al sistema judicial español.
Las autoridades han señalado que las absoluciones no se emiten sin un análisis detallado de la evidencia disponible. En este caso, los tribunales determinaron que las acusaciones no tenían fundamento fáctico ni jurídico, lo que condujo a decisiones absolutorias en diferentes procedimientos.
Decisiones judiciales y elementos del expediente
De acuerdo con la documentación procesal, los tribunales identificaron que las pruebas no respaldaban los señalamientos presentados. Los expedientes también registran que las acusaciones se enmarcaban en un contexto de un proceso de divorcio y que no lograron superar el escrutinio técnico y jurídico aplicado por los magistrados, quienes coincidieron en la absolución del artista.
El material judicial indica además que, según consta en actuaciones documentadas, la funcionaria que presentó las denuncias en España no informó a las autoridades colombianas sobre la existencia de los procedimientos penales y civiles adelantados en ese país. Estos procesos resultaron relevantes para esclarecer los hechos denunciados.
Procesos en curso y líneas de investigación en España
Actualmente, en territorio español se encuentran en curso investigaciones relacionadas con el hijo de León y Córdoba, por presuntos delitos de sustracción de menor, falsa denuncia y manejo inadecuado de custodia y patria potestad.
Las autoridades analizan si la servidora pública pudo haber inducido en error a las instituciones españolas para retirar al menor del país sin autorización del artista, así como el uso de procedimientos judiciales en España y Colombia para finalidades que no corresponderían a los fines propios de la administración de justicia.
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